El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, esgrimió este miércoles ante la Comisión Europea las particularidades fiscales de Canarias -validadas de hecho por la propia Unión- que permitirían eximir a las Islas del establecimiento del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas transnacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales.
Rodríguez trasladó al director general de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión, Benjamin Angel, la posición de Canarias al respecto y recordó que el Archipiélago quedó en su momento fuera del ámbito de aplicación del IVA y que tiene capacidad también para establecer sus propios impuestos especiales.
El director general, por su parte, reconoció que ningún país presentó en el momento preciso excepciones a la propuesta de Directiva europea que se está negociando. Por lo tanto, si esta se aprueba finamente y entra en vigor el 1 de enero de 2024, será el Gobierno de España quien tenga que establecer la modulación pertinente de la norma en Canarias, durante el proceso de transposición de la Directiva.
“Nuestra singularidad, consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE y ratificada por la jurisprudencia de la Unión, junto con la renovada Estrategia RUP, ha de ser el marco en el que se defienda la exención de Canarias del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades, aun estando de acuerdo con la Directiva que impulsa la Comisión para que las grandes corporaciones no eludan sus obligaciones tributarias”, señaló el vicepresidente.
El mantenimiento de ese diferencial en el Impuesto de Sociedades es importante para Canarias, no en términos cuantitativos, pues el número de empresas afectadas por la medida sería escaso, sino por la preservación de su fuero económico y fiscal. “Se trata básicamente de que no se siente un precedente en la parte constitutiva de nuestras singularidades”, precisó.
El vicepresidente dijo que, aunque la aceptación de las tesis canarias no será fácil, puesto que la propuesta de Directiva europea viene precedida de un acuerdo adoptado por las principales organizaciones supranacionales, como la OCDE, “habrá que pelear hasta el final y no dar nada por perdido”.
A este respecto, Rodríguez apeló a los diputados canarios en el Congreso y en el Parlamento europeo a defender activamente esta posición en sus respectivos ámbitos, “porque este debate no está circunscrito exclusivamente a los Gobiernos, sino que compete muy directamente a las cámaras legislativas”.
Ni dumping ni competencia desleal
El vicepresidente explicó al director general que la exención de Canarias del tipo mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades no tendrá impacto en la recaudación fiscal de la Unión, “porque a esos efectos es prácticamente irrelevante” ni tampoco producirá deslocalizaciones de las inversiones.
“Nuestros incentivos están pensados para captar algo de capitalización empresarial, generar empleo y contribuir a la diversificación de la economía”, precisó Rodríguez, quien insistió en la necesidad de que los parlamentos se pronuncien sobre el tema para encauzar la negociación.
En todo caso, y a la luz de las reticencias de algunos estados miembros de la Unión con respecto a la Directiva -que se suman a las discrepancias en países como Estados Unidos- el debate podrá ser pospuesto en Europa hasta el año 2024, “lo que juega a favor nuestro para seguir generando conciencia sobre nuestras particularidades”.
Buen balance
Por otro lado, el vicepresidente agradeció al director general el trabajo desarrollado por la Comisión para la aprobación del AIEM hasta el año 2017 y las exenciones arancelarias industriales y pesqueras aprobadas, lo que junto con la modificación del Posei que beneficia a los plataneros afectados por el volcán y la cantidad e intensidad de los fondos europeos 21-27 constituyen un positivo balance para Canarias de su relación con la UE.