El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo impulsará dos leyes enfocadas a evitar duplicidades y profundizar en un proceso de descentralización.
Spínola, en rueda de prensa, ha indicado que el Ejecutivo comenzará a tramitar a partir de este viernes dos futuras leyes, la ley de cabildos y la ley del sector público empresarial, que pretenden que el Parlamento apruebe antes de que acabe la legislatura en mayo de 2015.
Antes de que llegue a la Cámara, el consejero tiene la intención de lograr “el mayor consenso social posible”, para lo que se reunirá con la Fecai y la Fecam el próximo viernes y también con los portavoces de los grupos parlamentarios.
En este sentido, ha señalado que hasta la próxima semana no se dará a conocer el contenido exacto de los borradores, si bien ha avanzado que con la aprobación de estas normativas el Ejecutivo podrá traspasar o delegar competencias a cabildos y ayuntamientos.
La futura aprobación de estas leyes no está vinculada a la renovación del Estatuto de Autonomía, ha precisado el consejero, quien ha confiado en la “buena voluntad política” para que las leyes salgan adelante antes de que finalice la legislatura.
La reforma legislativa que pretende generar el Gobierno canario en el ámbito de la administración pública aspira también a ordenar procedimientos, aumentar la eficiencia en la prestación de servicios públicos, modernizar las estructuras administrativas y aumentar la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito local.
Todo ello, ha señalado, “con el máximo respeto a la autonomía municipal e insular”.
El borrador de la ley de cabildos aborda su régimen electoral, clarificación de sus competencias, funcionamiento, información y transparencia y la relación con la Comunidad Autónoma.
Asimismo, prevé que se organice una conferencia de presidentes, a la que asista el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, y los presidentes de los siete cabildos insulares.
Por su parte, el borrador de la ley del sector público municipal contará con una regulación detallada para estructurar su funcionamiento, organización interna y las relaciones con otros niveles de la administración pública.
También aborda la organización y funcionamiento de otras entidades del sector público municipal, como las sociedades mercantiles, fundaciones públicas, consorcios, mancomunidades y áreas metropolitanas, entre otras.
El consejero ha aseverado que la aprobación de esta norma constituye un hito histórico, pues hace 24 años que no se regula el funcionamiento de los ayuntamientos del archipiélago.
Como novedad ha destacado que esta ley contempla aparte a los municipios turísticos, además de racionalizar la estructura de los ayuntamientos y regular la participación ciudadana.
Todas estas reformas que pretende llevar a cabo el Ejecutivo canario parten de la base de la defensa de los siete cabildos y 88 ayuntamientos que hay en las islas.
En este sentido, Spínola ha recordado que los cabildos son diferentes a las diputaciones provinciales, ya que tienen un sistema electoral directo, y además de ser corporaciones locales, también son instituciones de la Comunidad Autónoma.
El consejero ha insistido que por el momento las futuras leyes son borradores abiertos que serán enriquecidos con las aportaciones de cabildos, ayuntamientos y grupos parlamentarios antes de su entrada al Parlamento.
El objetivo, ha continuado, es que lleguen a la Cámara con el mayor consenso posible, pues la intención del Ejecutivo no es hacer leyes para una legislatura sino para que tengan una amplia vigencia a lo largo del tiempo.
“Estas dos leyes representan un avance en el proceso de consolidación institucional de las administraciones públicas canarias”, ha manifestado el consejero, quien ha dicho que asimismo consagran el respeto a la autonomía municipal y solucionan los problemas de gestión ordinaria de los municipios.