Canarias ha aumentado en 1.084 millones de euros el presupuesto que dedica a financiar la sanidad, la educación y el resto de políticas sociales con respecto a 2009, lo que supone un incremento del 21,59% con referencia al año de inicio de los recortes en toda España por la crisis bancaria que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria.
Así lo expone el informe La inversión social por comunidades de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza con datos oficiales del Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística (INE) la evolución de las partidas autonómicas destinadas a políticas sociales en doce años.
Al término de 2022, Canarias destinaba el 61,36% de su presupuestos autonómico a políticas sociales, dos puntos y medio por encima de la media del resto de comunidades (58,78%).
En este informe, Canarias sale bien y mal parada, en función de la referencia que se tome para el análisis. De hecho, está entre las comunidades de España que más esfuerzo hacen en políticas sociales en proporción al gasto total disponible en su presupuesto, pero figura al final de la tabla en gasto per cápita.
Por ejemplo, según este informe, Canarias es la cuarta comunidad que más porcentaje de presupuesto gasta en Sanidad, el 34,6% (casi 4 puntos sobre el promedio, 30,8%), pero la duodécima que menos euros por habitante dedica a esa competencia, 1.585 euros (48 euros por debajo de la media).
Lo mismo ocurre en Educación, donde Canarias figura como la sexta comunidad que más esfuerzo realiza en ese área en proporción a sus recursos (el 20,6%, justo la media), pero también como la tercera con menos gasto por habitante, con 942 euros (86 por debajo del promedio).
En Servicios Sociales, la comunidad autónoma gasta el 6,0% de su presupuesto, 276 euros por persona. En ambos casos, está a la cola de España, en antepenúltima y penúltima posición, respectivamente.
No obstante, en este caso el informe recuerda que las tres comunidades que cierran la tabla de gasto en servicios sociales (el País Vasco, Canarias y Baleares) tienen descentralizadas estas competencias en sus diputaciones forales, consells y cabildos, de modo que la comparación con el resto de autonomías no es homogénea.
El balance de esas tres áreas es el mismo: las políticas sociales tienen un peso en el presupuesto de Canarias superior a la media, pero su gasto per cápita en esas competencias es el cuarto más bajo del país, con 2.808 euros, solo por encima de Madrid (2.939 euros), Cataluña (2.781 euros) y Andalucía (2.792 euros)
En el conjunto de España, el presupuesto que las comunidades autónomas destinan a políticas sociales -Sanidad, Educación y Servicios Sociales- ha pasado del 67,4% en 2010, al 58,8% en 2022.
El análisis muestra que pese a que la COVID demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades sólo ha sido del 13,5% entre 2019 y 2022: El 7,9% en sanidad, el 17,7% en educación y 28,8% en servicios sociales.
En cambio, el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 41% en ese mismo periodo. “Tres veces más, lo que evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas”, valora el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.
“Si se hubiera destinado el mismo porcentaje del presupuesto que en 2010, se hubieran invertido casi 20.100 millones de euros más en 2021”, añade.
Respecto al gasto, todas las comunidades, salvo Cataluña, han superado en 2022 el gasto social por habitante que tenían en 2009, encabezadas por Valencia (que destina 855 euros más por habitante), Navarra (830) y Asturias (824). En el otro extremo, se sitúan Cataluña, que lo reduce en 6 euros por habitante y Madrid, que lo aumenta en 168 euros por persona.
Las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre comunidades oscilan entre la que menos destina que es Madrid (2.399 euros) seguida de Cataluña (2.782) y las que más, País Vasco (3.708), Extremadura (3.629), Asturias (3.438) y Cantabria (3.392).