Los 88 ayuntamientos de Canarias promoverán unidos 22 enmiendas al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por considerar que vulnera el Régimen Económico y Fiscal de las islas y puede provocar significativos perjuicios para sus ciudadanos.
Garantizar el mantenimiento en los ayuntamientos de la prestación de los servicios sociales, que el proyecto prevé traspasar a las comunidades autónomas, o eliminar la disposición que diferencia entre localidades de más o menos de 20.000 habitantes son el fin de algunas de esas enmiendas, aprobadas este jueves por la Asamblea General de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Esta organización, al no tener la potestad de presentar enmiendas al proyecto, conforme a lo establecido en la legalidad vigente, se valdrá para poder tramitarlas de la mediación de los diputados y senadores que representan en las Cortes Generales al archipiélago sin distinción de partidos políticos, según ha anunciado su presidente, Manuel Ramón Plasencia.
En una rueda de prensa convocada al término de la reunión de su asamblea general, el presidente de la Fecam ha avanzado que esta hará llegar el contenido de sus enmiendas a todos los parlamentarios nacionales de Canarias “mañana por la mañana mismo, porque antes del día 24 tienen que entrar en el Congreso”.
Y ha insistido en asegurar que cuenta de antemano con la disposición para defenderlas de todos ellos, sean del Partido Popular, del Socialista o de Coalición Canaria, vaticinando incluso que, por ello, las enmiendas de la Fecam llegarán a las Cortes por triplicado.
“Tengo que decir que están implicadas todas las fuerzas políticas de Canarias. Todos los representantes de Canarias están implicados en debatir, ver y mejorar todas y cada una de estas enmiendas”, porque, según se ha constatado en contactos que la Fecam ha tenido previamente con esos parlamentarios, “esto es un tema de todos, no de ningún partido”, ha declarado.
Prueba de ello es el hecho de que “pueden ver que la Asamblea General hoy, por unanimidad de todos los partidos políticos, ha apoyado estas enmiendas”, ha añadido.
En cuanto a los pasos que están previstos para promover el debate parlamentario de sus propuestas, Plasencia ha avanzado que, tras hacerlas llegar mañana a los diputados y senadores canarios, los responsables de la Fecam tienen programado convocarles a una reunión el 4 de octubre, a fin de hablar sobre el detalle del trámite de las enmiendas antes de que se sometan a debate en las Cortes.
Y sobre el contenido de esas iniciativas, el vicepresidente cuarto de la Fecam, Marcial Morales, ha expuesto que la que creen más importante los alcaldes isleños es la que rechaza que se quite a los ayuntamientos la de prestación de los servicios sociales básicos, por entender que “ese, quizás, es el talón de Aquiles de esta ley en lo que se refiere a los ciudadanos canarios”.
Además, ha indicado que proponen que la delegación de competencias hasta ahora municipales a instituciones superiores, como diputaciones provinciales o cabildos, solo se puedan efectuar a iniciativa de los propios ayuntamientos y tras negociar las condiciones entre ambas partes.
Eliminarían así la finalidad “sancionadora” que otorga el texto del proyecto actual a la disposición que hace referencia a esa posibilidad, ha recalcado.
Además, Plasencia y Morales han apuntado que otras enmiendas buscan, por ejemplo, eliminar las competencias de educación que se prevén para los ayuntamientos, que han dicho que podrían colaborar en esa materia, pero mediante convenios específicos en cuestiones concretas, o permitir que se concierten entre municipios pequeños servicios como los de policía local, algo que se prevé prohibir.
Y sobre la posibilidad de suprimir ayuntamientos pequeños que ha planeado durante todo el proceso de elaboración de la futura ley, Marcial Morales ha querido precisar que esa es una cuestión que ni siquiera se plantean como posibilidad en Canarias, ya que la abundancia de ellos “es un problema peninsular”.
Prueba de ello es que Canarias tiene el 4% de la población de España y solo el 1% de sus municipios“, ha argumentado.