El Gobierno canario estudia dejar de adjudicar sus viviendas sociales en propiedad, como hasta ahora, para poder traspasarlas de un ciudadano a otro cuando sus ingresos o sus familias crezcan o se reduzcan y ser así más eficaz al resolver problemas de falta de hogar, según ha anunciado.
Y es que un hogar de protección oficial, “cuando se adjudica, puede ser para una familia con tres niños y, pasado el tiempo, puede ser que uno se vaya de casa, o los tres, y esa vivienda pueda pasar a manos de una familia que la requiera en esas circunstancias”, ha explicado la vicepresidenta y consejera del sector del Ejecutivo, Patricia Hernández.
La cual ha opinado que “la inercia, y la visión de Canarias y de España de tener la propiedad, han llevado a que la Administración pública copie la forma de relacionarse de la vivienda y el ciudadano en su propio parque público”, cediendo las casas que promueve a sus adjudicatarios de por vida.
Un proceder que ha cuestionado porque se ha impuesto, según ha argumentado, “olvidando que las circunstancias económicas de los ciudadanos pueden cambiar, y también la situación de estructura de la propia familia”.
“Es decir, no solo las circunstancias económicas de las familias pueden variar habiendo adjudicado la vivienda social en propiedad, sino que las propias circunstancias de la familia darían para cambiar de una vivienda más pequeña a una más grande, de manera que el parque público de vivienda pueda ser más dinámico”, ha añadido la vicepresidenta regional.
Quien ha querido plantear esta idea de modificar los modelos de concesión de casas promovidas por la Administración, según ha expuesto, desde un propósito del Ejecutivo autonómico de “explorar todos los caminos que lleven a garantizar el derecho a la vivienda y, entendiendo ese derecho como fundamental, asumir el reto desde la perspectiva de avanzar hacia terrenos donde construir cohesión”.
Las palabras de Hernández, consejera socialista de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno Autónomo, han sido respaldadas por el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria.
Puesto que lo que se busca es “dar a la gente la posibilidad de tener una vivienda digna, y no necesariamente, como ha dicho la vicepresidenta, tiene que ser en propiedad”, ha dicho el presidente regional.
Y ha añadido que quien carece de medios para acceder a una vivienda “tiene que poder desarrollar su familia, su entorno, y tener garantizado un espacio digno donde vivir y crear familia”, pero que ello no implica que necesite que se le ceda la misma casa de por vida.
Fernando Clavijo ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar en Las Palmas de Gran Canaria el I Foro de la Vivienda Pública en Canarias, un encuentro organizado por iniciativa del Diputado del Común del archipiélago.
Una figura de defensa de los derechos de los ciudadanos esta cuyo responsable, Jerónimo Saavedra, ha afirmado que promover una reunión así era “indispensable” para “saber cuál es la situación del derecho a la vivienda en nuestro Derecho Constitucional”, después de que haya sido puesto en cuestión con fenómenos como los abundantes desahucios llevados a cabo por impagos durante la crisis económica.
En ese contexto, “este foro tiene mucho que decir y pequeñas aportaciones que van a cambiar la visión global”, ha considerado Patricia Hernández.
Y la ha secundado Clavijo, que ha alabado la iniciativa al creer que supone abrir un “espacio para el debate, para poder analizar con tranquilidad, y ajenos a los enfrentamientos políticos, en un debate técnico, jurídico”, distintas “propuestas que van en beneficio del interés general de los ciudadanos, para posibilitar el acceso a una vivienda digna a los canarios que así lo requieran”.