Superar dos siglos de pleito insular y reconstruir Canarias sobre la realidad física y social de cada isla es el objetivo principal trazado por un grupo de ciudadanos de Gran Canaria, que este miércoles han lanzado un Manifiesto por un nuevo Estatuto de Autonomía, que alcance más allá de su reforma puntual y aborde el encaje del Archipiélago en la Constitución española y la Unión Europea con una nueva administración pública más cercana a los ciudadanos.
Destacadas personalidades de la sociedad isleña como Óscar Bergasa, Nicolás Díaz-Saavedra, Juan de León, Miguel Curbelo, Diego Cambreleng, Juan Benítez de Lugo o José A. Alemán han decidido llevar a cabo una “toma de posición, una llamada de alerta a la sociedad”, en palabras del escritor y periodista, ante la evidencia de que los partidos políticos como tales no asumen el fracaso del actual modelo autonómico, basado en una reproducción del centralismo provincial anterior a 1927.
La iniciativa hecha pública este miércoles busca abrir un debate profundo sobre el modelo administrativo de las Islas. “Se busca el apoyo desde la sociedad civil, no para llevar al Parlamento una iniciativa legislativa popular, sino para hacer una llamada de atención sobre el fracaso de la Autonomía”. Al menos en este inicio de la propuesta de un nuevo Estatuto que devuelva a las Islas su capacidad para gobernarse a sí mismas.
La propuesta pretende superar el regreso al centralismo provincial determinado en 1982 con la aprobación del Estatuto y reclama la herencia de la Ley de Cabildos de 1912 como “un logro importante de las modernas ideas autonomistas que comenzaban a tomar forma en aquel tiempo”, que por las circunstancias nacionales e internacionales de entreguerras impidieron desarrollar a las corporaciones insulares sus potencialidades, “y han contribuido a ocultar que representan la tradición autonómica canaria, que se remonta a la primera organización administrativa del siglo XV”.
La propuesta de un nuevo Estatuto descentralizado parte de la visión que desde Gran Canaria sus promotores aplican al fracaso autonómico “y corresponde a los ciudadanos de cada isla decidir libremente lo que estimen más conveniente para sus intereses”. Pero recuerdan que la Ley de Cabildos de 1912 “se debió a la iniciativa de cuatro de las cinco islas no capitalinas: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro”.
La base de los autogobiernos insulares convertiría a la administración regional futura en coordinadora y gestora de los intereses comunes, a su presencia subsidiaria en los que alguna isla le encomiende y a la representación y defensa de los intereses económicos y estratégicos de la Comunidad ante los organismos e instituciones internacionales.
Y si desde el punto de vista político-administrativo es preciso para los promotores del Manifiesto un nuevo Estatuto, “no es menos urgente abordar las herramientas económicas atendiendo a sus precedentes históricos y adecuándolas al mundo globalizado y al creciente peso de las nuevas estrategias financieras, económicas y tecnológicas”.
De ahí que uno de los objetivos de la propuesta considera que “es preciso devolver a los Cabildos el poder fiscal del que han sido despojados para que puedan ejercer de auténticos gobierno insulares”, con una reforma en profundidad del Régimen Económico y Fiscal y “sentar hasta qué punto sigue siendo instrumento válido en un mundo globalizado”.
El manifiesto se puede firmar en los pliegos a disposición de los interesados en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.