La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha formalizado este lunes su rechazo al veto parental pues “ni el veto ni la censura son admisibles en el ámbito educativo por ser incompatibles con la misión de la educación”, aparte de que el respeto a las leyes no es optativo en materia educativa.
En este sentido, la consejera del área, María José Guerra, ha suscrito un manifiesto ratificado por otras siete consejeras y consejeros españoles en el que se insiste en la obligación de los poderes públicos “de proteger y garantizar el derecho a la educación de los menores y sus derechos fundamentales, recogidos en la Constitución y en otras leyes vigentes”.
Asimismo, se recuerda que “el cauce participativo de los padres y madres reside en las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado” y que “en los colegios e institutos, a través de sus consejos escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa compuesta por profesorado, las madres y los padres y el alumnado, a través de sus representantes, acuerda sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección que es la encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos”.
Guerra ha señalado que “el interés de los y las menores en formarse un juicio independiente necesita información plural, y, por lo tanto, el ámbito educativo no puede admitir de ninguna manera vetos o censuras, que constituyen una intromisión intolerable y pretenden erosionar el clima de confianza y cooperación entre las familias y la escuela, a la vez que atentan contra los principios de la democracia”.
Asimismo, ha reconocido la labor que vienen realizando los equipos directivos y el personal docente en los centros educativos de Canarias en favor del desarrollo y la consolidación de los valores democráticos de la convivencia y de las libertades fundamentales.
La comunidad educativa de Canarias, y la de todo el país, forma a ciudadanos y a ciudadanas para que reconozcan y aprecien los principios constitucionales de igualdad, libertad y pluralismo político, resaltan desde la Consejería en una nota.
Desde el departamento regional se insiste también en que desde las aulas canarias se educa a los alumnos y alumnas para que se conviertan en personas que sean capaces de convivir con las diferencias y de demostrar el “máximo respeto a los demás”, y que el marco jurídico actual avala decididamente la educación para la igualdad, la libertad y la democracia.
Asimismo, se recuerda que la intolerancia, el rechazo a las diferencias y la propagación del odio “no tienen cabida” en las aulas y que los prejuicios que históricamente han dado pie a las desigualdades y a las discriminaciones (misoginia, homofobia, racismo) “deben ser erradicados, ya que una educación rigurosa y de calidad exige la transmisión y la enseñanza del conocimiento científico, y debe fomentar los valores democráticos”.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes impulsa el desarrollo del artículo 23 de la Ley Canaria de Educación No Universitaria de 2014, que fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas.
Educación en valores
Este artículo conmina a implementar “acciones encaminadas a incorporar al funcionamiento del sistema educativo una educación en valores tales como la educación ambiental, la cultura de la paz, la convivencia y la igualdad de todos y de todas, independientemente de su identidad sexual y de género”.
Asimismo, el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe expresamente “toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo u orientación sexual”.
El marco normativo curricular prescriptivo de todas las etapas contiene, en sus principios generales, el progresivo desarrollo afectivo que facilite la construcción de nuevos vínculos y relaciones, para que el alumnado pueda elaborar una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, y adquirir autonomía personal y hábitos de control corporal.
Para este fin, se considera necesario abordar aspectos relacionados con los cambios corporales del ser humano, así como las relaciones afectivo-sexuales, tal como viene reflejado en todos los currículos tanto de ámbito estatal como autonómico.
Así, la educación para la igualdad y la educación afectivo-sexual se inscriben en el marco normativo aludido.