La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, ha detallado este viernes que la economía sumergida representa el 28% del Producto Interior Bruto (PIB) canario, lo que supone un total de 11.700 millones de euros y afecta a 125.000 empleos.
Francisca Luengo ha indicado en comisión parlamentaria que estos datos sitúan a Canarias por detrás de La Rioja como la segundad autonomía con mayor porcentaje de empleo no declarado, por lo que, ha agregado, “no cabe duda que hay que erradicarla”.
La consejera ha avanzado que para acabar con la economía no declarada, “un fraude a la sociedad que priva a los trabajadores de sus derechos”, firmará un convenio con el Ministerio de Empleo para llevar a cabo más inspecciones de trabajo en el Archipiélago.
No obstante, Luengo se ha mostrado partidaria de que esta competencia, la de la inspección de trabajo, sea transferida a las comunidades autónomas para así poder controlar desde Canarias la economía sumergida y el empleo no declarado.
El objetivo del Gobierno canario para este año es que aflore el 5% de la economía sumergida, lo que supondría “legalizar” unos 8.000 empleos no declarados, el doble de los que se lograron el pasado año.
“Pondremos los medios pero sin poner en peligro los puestos de trabajo”, ha manifestado la consejera, quien ha asegurado que serán los sindicatos y empresarios los que denuncien para evitar que los particulares puedan tener consecuencias negativas en sus puestos de trabajo.
El diputado del PP Emilio Moreno ha opinado que la economía sumergida “pone en riesgo supervivencia del estado del bienestar”, al tiempo que ha reclamado “prudencia y rigor” para atajar este problema, que podría generar otro mayor.
Emilio Moreno ha comentado que al hablar del alto fraude que hay en Canarias podría parecer que no hay problema de desempleo sino de economía sumergida.
Según los datos ofrecidos por el diputado del PP, en España este fraude laboral representa el 24% del PIB, lo que suponen 72 mil millones de euros, cantidad con la que ha dicho que se podría cubrir todo el gasto sanitario español.
La portavoz del grupo Mixto Carmen Hernández ha lamentado que el Gobierno español camine en sentido contrario a la lucha contra la economía sumergida al haber aprobado una amnistía fiscal, lo cual, a su juicio, es “un premio para los fraudes”.
Carmen Hernández ha aseverado que el fraude fiscal no lo causa una alta presión fiscal, sino la baja inversión destinada a perseguir este tipo de prácticas, que en España esta partida es tres veces inferior que en Francia.
Asimismo, ha precisado que las grandes empresas son las que realizan el 71% del fraude, el 80% los autónomos y el 12% las pequeñas medianas y pequeñas empresas.
Por tanto, ha apuntado, hay que insistir más en frenar este tipo de ilegalidad que en los trabajos sumergidos que hacen algunos trabajadores que cobran desempleo y a los que les cuesta llegar a fin de mes.
El diputado del grupo Nacionalista Ignacio González se ha mostrado partidario de que el Estado transfiera a la Comunidad Autónoma la competencia referida a la inspección de trabajo y ha puesto en duda los datos sobre economía sumergida ofrecidos por la consejera, pues ha considerado se trata de algo que no se puede saber con exactitud.
El diputado socialista José Ignacio Álvaro ha destacado que el trabajo en negro perjudica a las empresas que cumplen con su parte y a los derechos de sus trabajadores, al tiempo que ha precisado que la hostelería, el turismo y agricultura son los sectores más afectados.
José Ignacio Álvaro se ha preguntado si debe perseguirse más de un hotel que a un autónomo que echa mano de un familiar de un momento puntual y ha defendido que lo que la gente quiere es un salario digno para llegar a fin de mes, lo que deriva en economía sumergida.
“La reforma laboral la incentiva y hace que la gente acepta cualquier ingreso como valido”, ha apostillado.