El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha reconocido este miércoles que sigue prefiriendo llegar a un acuerdo como el que su Gobierno estuvo a punto de firmar con Fomento respecto a la deuda del Estado con las islas en carreteras, a ejecutar sin más las sentencias del Supremo.
Al término de la reunión que ha celebrado con los portavoces parlamentarios de CC, PP, NC y ASG, Clavijo ha recalcado que si las diferencias con Fomento no se reconducen, Canarias tiene en su mano pedir al Supremo que ejecute directamente sus sentencias sobre los recortes que sufrió el Convenio de Carreteras entre 2012 y 2016.
El Gobierno canario cifra la deuda que esas sentencias le reconocen en 945,5 millones de euros, cantidad derivada de sumar el recorte de cada uno de los ejercicios y los intereses legales, pero el Ministerio de Fomento solo admite 600 millones, el valor de las obras que la comunidad ejecutó con fondos propios, sin contar el importe de las que se dejaron de hacer por falta de financiación.
Clavijo ha rechazado que el Estado alegue problemas jurídicos para transferir a Canarias la cantidad restante, porque los letrados de la comunidad autónoma consideran que no existe problema alguno. El presidente ha dicho que si el problema no se resuelve, el Gobierno canario pedirá al Supremo que intervenga y haga cumplir sus sentencias en los términos que, a su juicio, corresponden.
Sin embargo, Clavijo ha reconocido que la fórmula que se había pactado inicialmente con fomento, la repartir el pago de esa deuda a lo largo de ocho años, tenía ventajas para las dos partes.
Al Estado, ha explicado, le evitaba abonar de una sola vez una cantidad elevada que no está en los presupuestos, sino que llega vía sentencia, y al Gobierno canario le ayudaba a encargar esos fondos en sus cuentas sin generar, de golpe, más superávit que las normas sobre estabilidad financiera no le permiten gastar.