El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha avanzado este martes que su Ejecutivo está trabajando en algunas medidas jurídicas para evitar que “se disparen” los desahucios en las islas una vez decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
En respuesta a una pregunta de Sí Podemos en comisión parlamentaria, ha comentado que hay “preocupación” en el Gobierno porque la demanda de vivienda se ha “radicalizado” durante la pandemia; de ahí que se esté revisando el ámbito competencial de la comunidad autónoma para buscar soluciones.
Franquis ha detallado que el Gobierno ha habilitado 20 millones en ayudas en alquiler y se ha exonerado del pago en el parque de vivienda pública por importe de 2,7 millones, y el objetivo es entregar todas las ayudas pendientes antes del 9 de mayo.
Para ello, la semana pasada el Consejo de Gobierno aprobó la contratación de 32 personas para trabajar en la ejecución del Plan de Vivienda y agilizar las ayudas, y se espera que en los próximos 10 días se concedan otras 588 --ya se han entregado 1.420--.
El portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, ha comentado que cuando se acabe el estado de alarma “se puede abrir un nuevo frente difícil de contener” y una “avalancha” de desahucios porque la situación económica “está empeorando” y muchos ERTE pueden acabar convertidos en ERE.
“La situación puede ser grave”, ha comentado, porque está en riesgo el pago del alquiler de muchas viviendas; de ahí que haya pedido que se agilicen al máximo las ayudas.
“Es una prioridad que el alquiler social llegue cuanto antes y no se permitan desahucios sin alternativa habitacional”, ha apuntado, defendiendo la vía abierta por el Gobierno de Baleares de expropiar pisos vacíos para ponerlos en el mercado o el Ayuntamiento de París, que ha multiplicado por tres el impuesto a los inmuebles vacíos.