El Gobierno de Canarias prepara una ofensiva ante el Ministerio de Hacienda, el Parlamento y la Comisión europeos para “llegar a tiempo” antes de que se apruebe la tasa al CO2 en el transporte, y que se excluya de una manera clara a las conexiones aéreas de otros países con las islas.
El presidente regional, Ángel Víctor Torres, ha informado este viernes a los miembros del Consejo de Gobierno de la preocupación que esta directiva de la UE ha provocado en las regiones ultraperiféricas (RUP) y ha subrayado su convicción de que, en este ámbito, deben producirse más avances, ha afirmado el portavoz del Gobierno, Julio Pérez.
Aunque se ha logrado un acuerdo para prorrogar hasta 2030 la excepción a esta tasa en los vuelos entre Canarias y el territorio peninsular, subsisten dos problemas que hay que resolver, y uno de ellos es el de que tampoco se aplique en los vuelos interinsulares o, como ha ejemplificado Pérez, en un trayecto entre Lanzarote y La Palma.
Al respecto, Torres ha informado al Consejo de Gobierno de que según la Comisión Europea, no hay dudas en este ámbito y el texto no admite otra interpretación, pero los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma entienden que sí debe tener mayor precisión.
En todo caso, parece que en este extremo no va a haber dificultades y el Ministerio de Hacienda está en línea con la interpretación de Canarias, ha indicado Pérez.
Pero donde va a haber dificultades mayores es respecto a las conexiones aéreas con otros países ya que hay “una inercia” entre los responsables de medio ambiente de la UE de que en todos los vuelos debe aplicarse este gravamen para reducir la huella de carbono.
Canarias va a intentar ser una excepción en este ámbito “de manera clara” con dos estrategias distintas, una de la Consejería de Turismo con un sistema de incentivos aún no bien definido jurídicamente para compensar los sobrecostes, y otra basada en los esfuerzos propios del archipiélago para reducir sus emisiones de carbono.
En este último caso se argumentará que no hará falta “penalizar” a los aviones porque Canarias compensará su efecto con su propia estrategia de descarbonización, aumento de energías no fósiles y mayor aprovechamiento del suelo con espacios verdes.
Julio Pérez ha subrayado que se trata de buscar “la complicidad activa” del resto de instituciones en este ámbito y por ello Ángel Víctor Torres se ha dirigido a varios eurodiputados para que presenten iniciativas ante la Comisión y el Parlamento europeos, al tiempo que se “activará” al Ministerio de Hacienda para lo propio.
El Gobierno canario “no va a dejar de batallar” ante el de España y ante la UE, si hace falta, para tratar de resolver este asunto antes de que se apruebe la directiva en cuestión, ha insistido su portavoz, para remarcar que el Tratado de la Unión Europea permite la singularidad de las medidas en los territorios ultraperiféricos.