El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, ha anunciado que están trabajando en dilucidar cómo utilizar la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias para tratar de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes.
Durante el pleno de este martes del Parlamento de Canarias, y en respuesta a una pregunta del diputado de Coalición Canaria José Manuel Bermúdez, el consejero del área ha recordado que la búsqueda de soluciones legales no es fácil, pues los tratados de fundación y funcionamiento de la Unión Europea establecen la libertad de movimientos de capital entre estados miembros.
Sin embargo, la excepcionalidad a la normativa de europea, a juicio de Rodríguez, puede llegar a través de la adaptación a las normativas sobre las RUP, que podrían abrir la puerta a limitar esos movimientos de capital por razones imperiosas de interés general.
En su intervención, Pablo Rodríguez ha reconocido que la escasez de oferta y el incremento de la demanda del mercado está tensionado en parte por la compra de extranjeros no residentes.
“Estamos comprometidos en explorar todas las posibilidades que establece la Unión Europea. Las políticas tienen que adaptarse a las condiciones de las RUP y en esa cuestión podemos intentar buscar la excepcionalidad y establecer una limitación a la compra de viviendas. Vamos a explorar esa vía a través de la oficina en Bruselas”, ha resumido Rodríguez.
En su intervención, Bermúdez ha recordado que en el caso de Tenerife se venden una de cada tres viviendas a extranjeros no residentes y, en el caso de las zonas turísticas de buena parte de las islas, este número se eleva a uno de cada dos.
Un debate que no avanza
El pasado mes de julio, el propio Bermúdez reclamó en el Parlamento que la Unión Europea respondera ante el “escenario preocupante” de incremento del precio de la vivienda en Canarias, derivado de la adquisición de inmuebles por extranjeros. Pese a que, como alcalde, tiene competencias para establecer medidas (como han hecho otras ciudades como Barcelona o Madrid), por ahora Bermúdez no ha tomado ninguna y mira a Bruselas para que la solución llegue desde allí. Es más, esta misma semana el Ayuntamiento que dirige Bermúdez ha reconocido que no sabe cuántas viviendas vacacionales hay en el municipio.
La propuesta de Bermúdez se produjo en el transcurso de una comisión parlamentaria en la que comparecía la consejera de Hacienda, Matilde Asián, del PP. Sin embargo, la pregunta realizada no versaba sobre el mercado de la vivienda, sino sobre el número de ciudadanos europeos que se han trasladado a vivir a las islas en los últimos diez años y están empadronados. La consejera, por tanto, se limitó a responder a esta cuestión y evitó pronunciarse sobre las medidas para limitar la compra de propiedades.
El diputado aprovechó su turno para poner de manifiesto que, en una situación de emergencia habitacional, hay que contemplar la adquisición de viviendas por europeos como uno de los factores que incrementan los precios.
El Gobierno de Canarias, recordó Bermúdez, ha encargado un informe sobre la viabilidad jurídica de limitar la compra de vivienda a extranjeros como posible medida correctora de unos precios “desorbitados”. Pero no halló respuesta en la consejera, que se limitó a contestar a la literalidad de la pregunta, y que ofreció los datos de personas empadronadas entre 2014 y 2022 que proporciona el Instituto Canario de Estadística.
Sobre el estudio jurídico encargado tampoco hay noticias cuatro meses después.
Cabe recordar que en mayo, durante la campaña electoral para las Europeas, el candidato de CC, Carlos Alonso, convirtió en su lema de cara a esos comicios el establecer límites a los nuevos habitantes y a la compra de propiedades para quienes no vivan en las islas. No consiguió el escaño pero basó su campaña en promover una supuesta ley de residencia que contemplaba cargas fiscales a la “adquisición de segundas residencias por parte de no residentes”.
Sin embargo, pese a que CC gobierna en el Archipiélago, esas medidas propuestas para llevar a Europa no han sido abordadas en el Parlamento regional, y como se ha visto después en diversas ocasiones, el partido de hecho ha votado en contra de algunas de ellas pese a que ahora el consejero abra de nuevo esa posibilidad.