El Parlamento de Canarias ha sido protagonista de un nuevo debate sobre la cantidad de líquido que hay en un vaso: el Gobierno y los grupos que lo sustentan lo ven medio vacío, y el PP medio lleno, por lo que hay que vaciarlo aún mucho más.
La excusa, en esta ocasión, ha sido la modificación de la estructura del Gobierno de Canarias el pasado 10 de enero (a raiz de la dimisión de Margarita Ramos), que el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, defendió por haber conseguido que el Ejecutivo “cueste casi un 30% menos a los canarios de lo que costaba en la pasada legislatura con miembros del PP” en su seno.
En concreto, Spínola ha asegurado que el gabinete que preside Paulino Rivero “ha reducido sus altos cargos en 26”, pasando de 122 a 96, entre enero de 2010 y el pasado mes del presente año.
“Esto significa que el ahorro para las arcas públicas autonómicas en los costes que generan las retribuciones de los altos cargos ha descendido en tan solo tres años en 217.836,59 euros”, afirmó el consejero de Presidencia.
A este dato, Spínola ha añadido que, en términos absolutos, las empresas públicas de Canarias “han pasado de gastar 411 millones de euros en 2009 (con el PP en el Gobierno) a un presupuesto de 148 millones de euros en 2013”.
Logros que sirvieron para que los grupos del Pacto (más el Mixto) respaldaran “la reducción progresiva de los costes que generan la retribución a los altos cargos del Gobierno”, lo que ha permitido disminuir su estructura “sin mermar la calidad de los servicios públicos”, por lo que instan al Ejecutivo “a continuar en esta senda”.
Una senda que, a propuesta del Grupo Mixto, debe traducirse en una “reforma de la distribución competencial entre administración autonómica, insular y municipal, de forma que se eviten duplicidades innecesarias, se sea más eficiente en la gestión de las propias responsabilidades y se simplifiquen las trámites ante la administración de ciudadanos y empresas”.
Sin embargo, el ajuste defendido por el Ejecutivo ha sido a todas luces insuficiente para el Grupo Popular, cuyo portavoz durante el debate, Emilio Moreno, volvió a blandir el plan Soria para reducir el Ejecutivo a solo 6 consejerías: Turismo y Estructura Económica; Finanzas y Hacienda; Sanidad y Dependendia, Infraestructuras y Territorio; Enseñanza y Formación y Presidencia, Seguridad y Justicia.
Un recorte que el PP extiende al “personal eventual formado por asesores, asistentes, secretarios y jefes de gabinete”, que deben quedar reducidos “al mínimo indispensable”.
“Pierden el tiempo con medidas insuficientes”, afirmó Moreno para, acto seguido, arremeter contra la Policía Canaria y las siete direcciones generales de la Consejería de Educación, “incapaces de acabar con el fracaso escolar”.
La tesis del PP se volvió en su contra, puesto que tanto José Miguel Barragán (CC), como Manuel Fajardo (PSC) y Román Rodríguez (NC) recordaron a los conservadores que “no practican la austeridad” cuando gobiernan.
“Ustedes se refieren siempre al chiringuito del presidente Rivero, pero donde ustedes gobiernan crean macrodiscotecas”, aseguró Fajardo, mientras que Rodríguez recordó al PP que “de los 44 asesores que tiene el Cabildo de Gran Canaria, 12 son del vicepresidente tránsfuga, ahora sin partido”.
Por su parte, Barragán insistió en que “donde gobiernan ni siquiera donde gobiernan cumplen sus propias recomendaciones de tener diez consejerías”.