El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, advirtió este jueves de que el Ejecutivo canario no va a “sacrificar” los servicios esenciales de educación, sanidad y asuntos sociales “para salvar a Zapatero” y señaló que las Islas ya han cumplido con sus compromisos de reducción de déficit.
En una rueda de prensa para opinar sobre las medidas contra la crisis anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente canario dijo que ha pedido la convocatoria urgente de una conferencia de presidentes autonómicos para que se trate del reparto entre las regiones del recorte adicional del déficit público, ya que no es justo que se distribuya por igual cuando unos han cumplido y otros no.
También dijo que confía en que el anunciado recorte de 6.000 millones de euros en inversiones del Estado no afecte a los compromisos que permitieron que Coalición Canaria apoyara los presupuestos del Estado, porque en caso contrario “tendremos las manos libres”.
Las inversiones del Estado en Canarias responden a un acuerdo político que debe mantenerse y que hasta ahora se está aplicando, dijo.
Paulino Rivero, quien anunció que los altos cargos del Gobierno de Canarias se reducirán su sueldo un 15%, en consonancia con lo anunciado por Zapatero para el Ejecutivo central, descartó una reforma en la administración autonómica, más allá del ya anunciado plan de racionalización de las empresas y sociedades públicas, que se presentará antes del verano.
Adelantó que en la conferencia de presidentes reclamará la inmediata aprobación de un nuevo marco de relaciones laborales, sin esperar a que patronal y sindicatos se pongan de acuerdo, una reforma que sirva no para recortar derechos adquiridos, sino para atajar la destrucción de empleo y facilitar nuevas contrataciones.
También reclamará una reforma de la administración del Estado para la contención del gasto público y una reforma del sistema financiero para que fluya el crédito.
Paulino Rivero fue muy crítico con Rodríguez Zapatero, al que acusó de haber estado dos años y medio “mirando para otro lado”, aplicando “medidas populistas para halagar el oído” y ganando tiempo atendiendo a los intereses de partido, no a los de España.
Eso ha agravado la crisis económica y el déficit público, de manera que finalmente Zapatero ha tenido que adoptar medidas de manera que los pensionistas y los empleados públicos “van a pagar su miopía”.
Pese a los errores de Zapatero, garantizó la lealtad y el compromiso del Gobierno de Canarias en estos momentos, porque la grave economía española está “a los pies de los caballos” y la situación económica requiere de responsabilidad y no debe aprovecharse para intentar tumbar o mantener al Gobierno.
Paulino Rivero reiteró que desde hace dos años y medio ha estado alertando de que había que tomar medidas ante la crisis, y en ese tiempo el Gobierno de Canarias ha cumplido sus compromisos de austeridad, lo que no pueden decir todas las comunidades autónomas.
De ahí que el recorte adicional de 1.200 millones de euros que se va a pedir a las comunidades no debe repartirse con criterios como la población, sino en función de quién ha hecho los deberes.
En esa línea, detalló que desde 2008, Canarias mantiene congelados los complementos retributivos de sus empleados públicos, pese a que ha tenido que cumplir el mandato del Gobierno central de aumentar sus salarios.
Los gastos de personal en Canarias han bajado un 1,7% desde 2008 y los gastos corrientes un 24,57%, afirmó.
También se refirió al esfuerzo en el recorte del gasto en 126 millones para cumplir los acuerdos de reducción del déficit público, cuya distribución fue aprobada hoy por el Consejo de Gobierno pero que no será dada a conocer hasta esta tarde.
Rivero dijo que la reducción de sueldos en un 15% en los altos cargos autonómicos es “ejemplarizante”, aunque no resuelve los problemas, y descartó reformas en la administración autonómica, que es de la que menos número de consejerías y de altos cargos tiene.
Dijo que el Gobierno de Canarias seguirá con el rigor y la austeridad y con el trabajo para mantener y mejorar los servicios esenciales, pero no va a hacer “propuestas que sólo tienen efectos mediáticos” pero que pueden perjudicar a las prestaciones.
El presidente no descartó medidas fiscales si se necesitaran ingresos para mantener los servicios públicos, aunque se mostró partidario de no subir el IGIC porque podría afectar al consumo.