La necesidad de descargar a las identidades trans de connotaciones patológicas y de garantizar la inclusión educativa, social y laboral, entre otros, son algunos de los aspectos que han alentado la puesta en marcha de la hoja de ruta de las políticas LGTBIQ+ de Canarias 2020-2025. El objetivo, según ha explicado este lunes el director general de Diversidad, Víctor M. Ramírez, durante la presentación del documento en Las Palmas de Gran Canaria, es “asegurar la igualdad de oportunidades para las personas LGTBIQ+, mejorar la producción jurídica y promover políticas activas de diversidad e inclusión”.
La hoja de ruta cuenta con 131 propuestas enmarcadas en once dimensiones como la educación, la sanidad, el ámbito laboral o la juventud, entre otras. Se trata, prosigue la nota, de “marcar cuál es la estrategia que queremos seguir en Canarias de cara al futuro con respecto a estas políticas”, ha destacado la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos).
“Es un trabajo de reflexión, de análisis de la situación real de la comunidad LGTBI en nuestras islas y de lo que desde las entidades se ha considerado que son los puntos más importantes a abordar”, ha explicado Ramírez. Entre las propuestas que forman parte del documento, destacan la necesidad de garantizar la integración educativa de los y las menores LGTBI, de desarrollar los protocolos para los menores trans y la puesta en marcha de acciones formativas y actuaciones contra el acoso y al abandono escolar.
También se contempla la creación de pisos de acogida y recursos alojativos para personas LGTBIQ+ en exclusión social, y el diseño de protocolos de atención específicos para mayores, inmigrantes, menores o con discapacidad dentro del colectivo, así como garantizar el acceso a las ayudas.
En cuanto a las medidas enmarcadas en la dimensión sanitaria, la hoja de ruta que ha presentado el Ejecutivo canario este lunes contempla la formación específica del personal y la “despatologización” de las identidades trans y la garantía de que el proceso de transición no atente contra la identidad y la dignidad de estas personas.
En la creación del documento han participado 18 colectivos LGTBIQ+ de todas las islas, lo que para la consejera regional supone “un ejercicio de democracia participativa” dado que podría ser “la primera vez que los colectivos forman parte también de la toma de decisiones”.
La COVID-19 “ha afectado a los derechos y a la vida de muchas personas LGTB que convivían en entornos hostiles y no podían salir de sus domicilios, donde vivieron una situación de violencia física o de otro tipo dentro de sus entornos familiares”, ha recordado Ramírez.
El director regional de Diversidad ha insistido en que la intención de estas medidas es “tratar de crear sociedades más justas” y conseguir una “Canarias más igualitaria e integradora”. Asimismo, Ramírez ha recordado que la Consejería de la que forma parte continúa trabajando en la Ley Trans de la comunidad autónoma para reconocer la diversidad identitaria y el derecho a la libre autodeterminación de género.
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