El Consejo de Gobierno aprobó este jueves la creación del tribunal administrativo de contratos públicos de la Comunidad Autónoma, órgano que se encargará de resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación que se interpongan en el sector público autonómico.
Este nuevo tribunal será competente en la resolución de las solicitudes de medidas provisionales y cuestiones de nulidad así como de las reclamaciones que se interpongan en los procedimientos de contratación de los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, ha indicado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este órgano nace como resultado de la aplicación de la ley estatal que prevé su constitución en las comunidades autónomas y ejercerá sus funciones “con independencia, objetividad, imparcialidad y sin sujeción a vínculos jerárquicos”.
Aunque su ámbito de actuación será el sector público autonómico, tanto las corporaciones locales como las universidades públicas tendrán la posibilidad de atribuir sus competencias a este tribunal mediante la firma de los correspondientes convenios.
Asimismo, el Parlamento de Canarias, junto con sus instituciones y entidades dependientes también podrá solicitar su adhesión.
El decreto establece que las resoluciones del tribunal agotarán la vía administrativa y sólo podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
También dispone que será de carácter unipersonal aunque podrá transformarse en colegiado si el volumen de asuntos así lo requiere mientras que su titular será elegido por un período de cinco años entre funcionarios de carrera licenciados o graduados en Derecho.