La decisión del grupo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de recurrir a un perito experto de la Universidad de Barcelona para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso Canódromo ha cogido a contrapié y con total sorpresa a Nardy Barrios, presidenta y concejal de Compromiso.
La ex socio de gobierno del alcalde Jerónimo Saavedra, desde julio pasado en la oposición precisamente por su negativa a avalar el Plan General de Ordenación Urbana de LPGC que no llega a condenar la operación urbanística en el antiguo Canódromo de la capital, mostraba este jueves a CANARIAS AHORA “mi tremenda sorpresa al enterarme por la prensa que se ha recurrido a un perito de fuera para determinar las responsabilidades de este pelotazo”.
Es más, Barrios aseguró no entender las declaraciones de Saavedra a este diario porque “se ha producido una decisión unilateral del PSOE en la elección del experto, cuando en la comisión [Especial de Investigación del Canódromo] Compromiso y PSC-PSOE habíamos acordado consensuar a quién pediríamos un peritaje para que analizara la globalidad del caso con nuestras conclusiones provisionales”.
Barrios explicó que a lo largo de este jueves ha estado a la espera de la devolución de una llamada telefónica realizada al primer teniente de alcalde, el socialista Néstor Hernández, para aclarar la noticia adelantada por esta redacción el miércoles, y que “no entiendo cómo el alcalde, que no forma parte de la Comisión, comenta que las conclusiones definitivas del caso, que tenemos prácticamente perfiladas y sólo están pendientes de firmar, no llegarán al pleno de este mes por ese peritaje de fuera del que no sabemos nada. Por supuesto que en el pleno preguntaré al grupo de gobierno por este último viraje”, avanzó la concejal.
Al respecto, la ex concejal de Fomento de LPGC aseguró que en este caso de presunta corrupción de la etapa de gobierno municipal del PP, con José Manuel Soria y Pepa Luzardo al frente de la Alcaldía, “el PSOE hace cosas extrañísimas desde el primer momento. Compromiso había propuesto al PSC-PSOE un experto de nuestra tierra para hacer ese peritaje pendiente, y sólo estábamos a la espera de la respuesta de los socialistas. Todo esto es muy extraño y merece una explicación por parte del PSOE”, dijo.
Las conclusiones provisionales y las investigaciones realizadas por el PSC y por Compromiso en el seno del Ayuntamiento, tras la negativa del PP a participar en la comisión, ya apuntaban al actual consejero de Economía del Gobierno regional, José Manuel Soria, al entonces concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, y a cuatro funcionarios (José Setién, Juan Cerpa, Sergio Monche y Miguel Hernández) como las piezas claves del plan.
La Comisión Especial de Investigación del Canódromo (CEIC) se puso en marcha en febrero de 2009 para desentrañar una operación que revirtió a la empresa Urbacan 9 millones de euros de beneficio poco tiempo después de la firma de un convenio urbanístico, en abril de 2002, para la cesión de los terrenos al Ayuntamiento a cambio de parcelas para edificar, donde finalmente se levantaron las famosas dos Torres del Mar.
El origen de la presunta desviación de poder y prevaricación del grupo de gobierno del PP se hallaría en la tasación excesiva del suelo realizada por Sergio Monche, jefe de servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Así, las conclusiones provisionales señalaban que la posibilidad de afrontar indemnizaciones millonarias por la ejecución de una operación “lesiva para el interés general” era fruto de la práctica de un “urbanismo fallido aplicado por parte del Partido Popular”.
Este caso de presunta corrupción del PP en LPGC se encuentra judicializado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular, el magistrado Tomás Martín, está desde la primavera pasada a la espera de recabar más documentación del Consistorio antes de citar a declarar, en calidad de imputados, a la ex alcaldesa Pepa Luzardo y el ex concejal de Urbanismo Felipe Afonso El Jaber.
La asociación de vecinos denunciante, Avecalta, ha pedido también al juez la imputación del concejal de Urbanismo durante la Alcaldía de José Manuel Soria, Juan José Cardona, y el empresario beneficiado por la operación, Eduardo Fernández.