El ex concejal de Tráfico de Telde Carmelo Reyes comparece este viernes en los juzgados imputado por un presunto delito de estafa a raíz de una querella presentada por la empresa Grúas Balage, que prestaba el servicio de grúas municipal y reclama al Ayuntamiento más de 900.000 euros.
El también líder de la plataforma Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) prestará declaración a partir de las 9.45 horas ante el magistrado del Juzgado número 3, Javier García -quien también instruye el caso Faycán-, y ha anunciado su compromiso de que dimitirá si el juez le mantiene la imputación.
La denuncia fue interpuesta por Armando Balage, también prestará declaración en calidad de querellante a partir de las 9.15 horas.
Balage acusa a Reyes de negarse a pagar una deuda que tiene con el Ayuntamiento desde que a partir de febrero de 2002 se encargó del servicio de retirada de vehículos de la vía pública y su depósito y concluyó hace unos meses, cuando el consistorio otorgó esta tarea a la empresa municipal Urvitel.
Según la denuncia, las facturas relativas a los servicios prestados eran pagadas por el propietario del vehículo cada vez que éste lo retiraba del potrero, mientras que en los casos de coches abandonados el Ayuntamiento se encargaba del pago de la factura.
En el año 2003, con el cambio de gobierno, la empresa siguió prestando el servicio en las mismas condiciones y conforme a lo acordado con la anterior corporación.
Sin embargo, los vehículos comenzaron a amontonarse en el depósito alquilado por Balage y, transcurrido el tiempo legal establecido, el Ayuntamiento pasaba a convertirse en su titular.
Así, correspondía al consistorio abonar la factura generada por su retirada y su estancia en el depósito; sin embargo, la institución no las pagó, salvo tres transferencias que sumaban 25.714 euros.
Según la acusación, el Ayuntamiento adeuda a Balage 472.199 euros en concepto de las facturas presentadas entre marzo de 2004 y marzo de este año, aunque esta cifra supera los 900.000 euros por el alquiler del solar, la continuación en el desempeño de la tarea y traslado de vehículos.
A ello se añade una “sucesión de hechos de dudosa legalidad”, según la denuncia, como la adjudicación del servicio por parte de Urvitel a la empresa Bituminosos Canarios S.L., filial de Mazotti S.A. -investigada en el caso Faycán- y que “no existe al no figurar dada de alta en el Registro Mercantil de Las Palmas ni en el Registro Central de Madrid”.
La denuncia señala “lo paradójico de que se adjudicó a Bituminosos, pese a no haber presentado la oferta más baja e incluso carecía de grúas en el momento de la oferta”, de modo que considera que había un “interés por darle este servicio a Mazotti”, que renunció a éste tras el “Caso Faycán”.
Balage, que se siente “engañado”, criticó que en sus visitas al Ayuntamiento para reclamar lo adeudado ha obtenido “evasivas”.
La acusación ha solicitado al juez las comparecencias también del ex concejal de Hacienda Carmelo Oliva; el edil de Urbanismo, Guillermo Reyes; su hermano Antonio Reyes, que se encargaba de coordinar el servicio de grúas; varios empleados municipales; el representante legal de Bituminosos y el de Mazotti S.A., entre otros.