Coalición Canaria ha cuestionado por primera vez uno de los aspectos de la norma estrella del mandato de Fernando Clavijo, la Ley del Suelo. El partido ha solicitado este jueves que se revise la figura del “interés insular” en esta norma después de la decisión del Cabildo de Fuerteventura de declarar como tal el proyecto Dreamland, la ciudad del cine que se proyecta sobre zona virgen. Esta misma semana, el grupo de gobierno de esa corporación se rompía a causa de dicho proyecto. El presidente insular, Sergio Lloret, expulsó a los consejeros de CC que votaron en contra de esta construcción quedando en minoría.
Podemos, PP y Coalición Canaria han registrado en conjunto este jueves en el Parlamento de Canarias una Proposición no de Ley (PNL) con el objetivo de que la Cámara se pronuncie en contra de la declaración de interés insular del polémico proyecto Dreamland, en un texto crítico con la aplicación o interpretación de uno de los puntos de la Ley del Suelo. En concreto, insta a “iniciar la revisión normativa de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y en especial, el procedimiento de Declaración de Interés Insular y Autonómico de proyectos de iniciativa privada”. El objetivo, aclara el escrito, es incorporar “el reparto de beneficios que genera la reclasificación de suelos por los nuevos derechos urbanísticos adquiridos, mediante cesiones de suelo para uso público, las compensaciones económicas correspondientes por los aprovechamientos urbanísticos adquiridos tanto a los territorios afectados, como al Cabildo Insular, y equivalente, como mínimo, a la revalorización del suelo”. De esta manera, se solicita que en la revisión de la ley, en los proyectos de interés insular o autonómico, existan más contraprestaciones.
El texto ratificado por los tres grupos detalla que “para evitar el mal uso de la Declaración de Interés Insular o Autonómico” concebida para proyectos de interés público o social de iniciativa privada “se hace necesaria la revisión y matización del marco normativo con el objeto de evitar que los promotores sitúen los proyectos en este tipo de suelos porque su compra resulte más rentable que desarrollar los proyectos en suelos ya urbanizados donde se multiplica el valor del suelo por 600 o 1000 veces el valor económico del suelo rústico”.
“Esto nos ha llevado a poner en riesgo nuestro territorio, teniendo que recordar la fragilidad del territorio y de nuestro paisaje, con una superficie limitada, con unos recursos naturales de alto valor medioambiental y nuestro carácter de islas ultraperiféricas”, prosigue el escrito. En él además se reconoce que “es posible que una buena herramienta concebida como excepcional, termine convirtiéndose en mecanismo ordinario de los promotores de iniciativas privadas al objeto de evadir la normativa urbanística y ambiental justificado en un interés público y social, asociando el negocio y la rentabilidad de estas iniciativas privadas al escaso valor económico del suelo rústico, y cuyos beneficios derivados de los nuevos derechos urbanísticos que adquieren por la reclasificación de los suelos rústicos no serán compartidos con la sociedad”.
Cuando ya se advertía del polémico “interés insular” en la Ley del Suelo
Precisamente, el artículo que hacía referencia al interés insular o autonómico en la ley del suelo era uno de los que levantaban mayores suspicacias durante su tramitación. Hasta entonces, existían los Proyectos de Actuación Territorial (PAT), que permitían realizar actuaciones cuando no estaban previstas en los planes, pero sólo en suelo rústico. En este punto incluso, hubo advertencias del Consejo Consultivo, que destacó que bajo ese “interés insular” “podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”. Y además destacó que se utilizan “conceptos jurídicos indeterminados” para justificar la excepcionalidad en suelo rústico de protección ambiental, pues “se alude a que no exista alternativa viable y lo exija la funcionalidad de la actuación pública. Esta indeterminación afecta a la seguridad jurídica”.
Finalmente, en el texto quedó redactado así: “Los proyectos de interés insular o autonómico pueden ejecutarse en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística. No obstante, solo podrán afectar a suelo rústico de protección ambiental cuando no exista alternativa viable y lo exija la funcionalidad de la obra pública de que se trate; y de forma excepcional y únicamente para proyectos de iniciativa pública cuando se trate de suelo rústico de protección agraria”.
Podemos, uno de los partidos más críticos con la Ley en 2016, llegó a decir que con ella, el Gobierno escondía “tras un aparente e inocente deseo de eficiencia, una verdadera desregulación del territorio y una auténtica regresión en materia de planeamiento” y que permitiría la construcción de un Eurovegas en San Mateo o incluso viviendas en el Teide.
“Ahora esta herramienta excepcional se puede convertir en un mecanismo para desarrollar proyectos enmascarados de interés público o social, pudiendo convertirse en una barra libre para incumplir con las determinaciones del suelo rústico mediante su reclasificación a suelo urbanizable sin ni siquiera cumplir las condiciones previstas en la propia ley para la reclasificación de este suelo a urbanizable, como vemos en este proyecto con enorme contestación social, al albor de únicamente de un interés privado, contrario a los principios de las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, ni conforme al interés general, ni cumpliendo el principio de desarrollo sostenible que promulga la Ley e Suelo y Rehabilitación Urbana”.
En defensa de la ley sí incluye algunos matices como que su objeto era que “no consumir más suelo rústico que el estrictamente necesario para las necesidades públicas o sociales” y ponen el ejemplo de “los Planes de Modernización Turística, que han sido la clave el éxito de la renovación turística en Canarias, donde no se consume más suelo”. También señalan las palabras del redactor coordinador de la Ley, el catedrático Francisco Villar, que pidió al Parlamento que se le diera a este mecanismo de declaración de interés Insular: “el punto de equilibrio que permita encontrar un instrumento que dé respuesta a determinados problemas y ”no se convierta en la puerta de atrás“. Y ante las críticas que recibió por esta herramienta, dijo que el anteproyecto de ley apuesta por una ”máxima contención“ del suelo rústico, no solo por no tocar los espacios naturales protegidos sino por prohibir tanto suelos urbanizables aislados -salvo los industriales- como clasificar nuevo suelo turístico.
Se solicita la declaración en contra y un estudio de impacto
En la PNL se insta a la Cámara a que tome una posición en contra a la Declaración de Interés Insular del proyecto por ubicarse en suelo rústico común, aislado y sin conexión de suministros ni servicios. En este punto, aclaran que esto sería contrario a la Ley del Suelo Suelo por no tener continuidad con el suelo rústico. También incide en que no se ha identificado “las necesidades sobrevenidas que pretende resolver el proyecto y mucho menos qué problemas existen y que requieran de actuaciones urgentes, conforme al artículo 123 del mismo texto legal”. Los grupos recuerdan que se trata de una zona próxima a la Reserva de la Biosfera, junto a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Dunas de Corralejo e Islas de Lobos, la Zona Especial de Conservación (ZEC) Corralejo y el Parque Natural Corralejo.
La PNL recuerda que más que una ciudad del cine se trata de un “megaproyecto” de infraestructuras de ocio turístico, con restauración y un parque temático, “las cuales no justifican su carácter de estratégico, ni suponen la diversificación de los sectores económicos, hecho que queda perfectamente reflejado en la justificación del carácter estratégico del proyecto, basado exclusivamente en Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, pero ni una sola línea ni mención al carácter estratégico de las infraestructuras de ocio turístico”. Por tanto, “a la vista de que la principal fuente de ingresos procede del sector turístico y no del sector audiovisual, no podemos decir que se trate de un proyecto estratégico, ni que atienda a necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes, ni de interés público ni social ”, insiste.
Así mismo, se exige a a Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático, y Planificación Territorial la emisión del Informe de afección ambiental y biodiversidad del proyecto y la realización de “un estudio de impacto ambiental alternativo” al presentado por el promotor “bajo los principios de prudencia y desarrollo sostenible”.
Los promotores de Dreamland, por su parte, enviaron este jueves un comunicado asegurando que el proyecto está “perfectamente alineado con la Agenda Canaria de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas de palanca que ayudarán a impulsar todo este tejido industrial”.
La polémica ley del suelo que tuvo contestación social
La ley del suelo de Clavijo fue aprobada en junio de 2017 gracias al apoyo del PP y de la Agrupación Socialista Gomera. Podemos fue uno de los partidos más críticos de la norma, que incluso la llevó al Constitucional. El PSOE también alertó de esta norma en el Parlamento Europeo a través de Juan Fernando López Aguilar, y Nueva Canarias también se mostró contraria.
El mandato de Clavijo comenzó con disenso entre CC y sus entonces socios de Gobierno, PSOE. No obstante, la ruptura del pacto, los nacionalistas sacaron adelante el proyecto que contó también con críticas de los ecologistas y del expresidente Paulino Rivero, firmante del manifiesto contra esta norma. En el acalorado debate parlamentario donde se logró sacar adelante la norma hubo amenazas de recurso y pronunciamientos muy duros en contra por la oposición. A unos metros del Parlamento, la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible se manifestaba al grito “Coalición Canaria es una inmobiliaria”.