El secretario general del PSC tinerfeño, Ignacio Viciana, asegura que CC y PP “demuestran a diario que ni creen ni entienden los mecanismos y las garantías del Estado de Derecho”. En relación al último auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) respecto al puerto de Granadilla y la ley del Catálogo de Especies, Viciana plantea que el Pacto “ahora va a tener que aguantar si se plantea o no una cuestión de inconstitucionalidad frente a la ley”.
Viciana se refiere a que en la descatalogación de especies protegidas para la construcción del puerto de Granadilla, “han recurrido a una Ley para soslayar la participación ciudadana y la posibilidad de que pueda ser recurrida”.
Según recuerda el dirigente socialista a sus rivales políticos, “el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha planteado la necesidad de estudiar una cuestión de inconstitucionalidad y que la suspensión cautelar que impide el inicio de las obras sigue vigente”.
Viciana incide en que el objeto del macroproyecto original del puerto de Granadilla era sustituir al puerto de Santa Cruz como puerto comercial de la Isla, “desde la falsa premisa de que éste último estaba colapsado, cuando la realidad es que tras las inversiones realizadas en la última década se está ocupando aproximadamente un cuarto de su capacidad (400.000 TEU al año frente al 1.500.000 posibles)”.
Granadilla, pero con un proyecto adecuadamente dimensionado
El secretario general de los socialistas tinerfeños añade que, “tras el desmantelamiento del puerto de Santa Cruz, se escondía una gran operación de especulación urbanística a las que nos tienen acostumbrados”.
De esta manera se destinarían los espacios públicos y recintos portuarios “a nuevos negocios, algunos vinculados al mundo del ocio y de la noche, de manera que los inversores sólo tuvieran que edificar o acondicionar los espacios y pagar un canon anual”.
En un comunicado, Viciana asegura que los socialistas tinerfeños siempre han “apostado por un puerto en Granadilla con un proyecto adecuadamente dimensionado, y respetando al máximo la legalidad ambiental”.
Sus críticas a CC y PP inciden en que los partidos que apoyan el Pacto “han intentado violar por todos los medios esta legalidad ambiental, en este último caso utilizando el poder legislativo del Parlamento de Canarias, con la descatalogación de especies protegidas para dar amparo al proyecto”.
Así, añade Viciana, “tratan de soslayar la posibilidad de la participación ciudadana en el debate y evitar al mismo tiempo que los ciudadanos puedan recurrir la Ley”. El líder del PSC tinerfeño recuerda que el Pacto rechazó una iniciativa legislativa popular avalada por 52.000 firmas.