LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 (EUROPA PRESS)
El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Pedro Moreno, ha solicitado este jueves a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai) que escuchen sus propuestas para mantener unos servicios públicos de calidad y evitar los despidos colectivos en las administraciones públicas, recordando la “ilegalidad” de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en cabildos y ayuntamientos.
“El presupuesto público tiene que ir a atenuar y atender la situación de los ciudadanos. Tenemos una propuesta institucional, en el sentido de que creemos que la mejor manera de articular estas cuestiones son a través de las entidades que representan a las administraciones locales, la Fecam y la Fecai”, dijo.
Aquí, entendió que ambas instituciones deberían atender la petición del sindicato (una vez que estén constituidas) “para resaltar la necesidad de seguir prestando, ahora más que nunca, los servicios públicos con calidad, eficiencia y servicios directos”.
“En este ámbito --añadió-- tomaremos la iniciativa para que los nuevos órganos de gobierno de la Fecam y la Fecai atiendan nuestra petición de recibirnos y de escuchar nuestras propuestas en este sentido”.
UN TOTAL DE 18 NUEVOS ASESORES EN TELDE
Por su parte, Moreno criticó que la primera decisión del nuevo grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Telde haya sido la nombrar un total de 18 nuevos asesores, poniendo de manifiesto que esto va en contra de las propuestas de CCOO en el ámbito de las administraciones locales.
“La primera medida que toman es poner como asesores a 18 personas en una Corporación, con los costes que eso tiene. Creemos que trabajando con la representación legal de los trabajadores, los empleados públicos están en condiciones de garantizar la situación de los servicios públicos, y no volver a una política de despilfarro absoluto sobre figuras más que cuestionadas a la hora de que sean necesarias para que los ciudadanos de Telde reciban los servicios que les corresponden”, agregó.
Además, el secretario de la Federación apuntó, sobre el despido objetivo, a la “imposibilidad” de utilizar este mecanismo en las instituciones públicas para resolver empleo, ya que éstas no están sometidas a las leyes del mercado.
En este sentido, recordó que varios ayuntamientos de Canarias, Barlovento (La Palma), Ingenio (Gran Canaria) y La Oliva (Fuerteventura), sí que han intentado utilizar el despido objetivo para recortar gastos.
“En ninguno de los casos --concluyó-- estos procedimientos han continuado. En nuestra opinión, estas iniciativas se tomaron con muy poco fondo jurídico, sin ningún razonamiento y sin agotar ninguna vía en términos negociales con la representación legal de los trabajadores para mantener el empleo. En los tres casos no hubo ninguna regulación de empleo”.