ANÁLISIS

Cementera o no se sabe muy bien qué

¿Uso turístico-deportivo o uso industrial? “O de ocio”, añade el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias cuando se le pregunta por el futuro del puerto de Santa Águeda (San Bartolomé de Tirajana) que usa desde hace 70 años en régimen de concesión la fábrica de cementos de Arguineguín, propiedad de Ceisa. Pablo Rodríguez (Coalición Canaria) solo parece tener clara una cosa, y para colmo es discutible: “La concesión está vencida; lo que hay que hacer ahora es ocuparla”. 

En Cementos Especiales de Arguineguín, S.A. (Ceisa) esbozan una sonrisa socarrona cuando escuchan esas afirmaciones en la grabación de una reciente entrevista al consejero de Obras Públicas en Ser Canarias. “Existe un procedimiento administrativo abierto por parte de Puertos Canarios que nos permite operar con total normalidad, por lo que a día de hoy no tenemos nada que añadir”, contestan a los periodistas cuando se les pregunta.

Y así es: aunque la concesión venció formalmente en 2021, desde el 11 de octubre de 2022 se tramita en el organismo público Puertos Canarios, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, un expediente administrativo para el “otorgamiento de nuevo título concesional” a Ceisa. Y dice claramente el anuncio correspondiente publicado en el Boletín Oficial de Canarias que “hasta tanto se resuelva el presente expediente”, se mantienen “los derechos y obligaciones de la entidad Ceisa de gestión y explotación de las instalaciones portuarias en los mismos términos y condiciones en los que se venía desarrollando atendiendo a los títulos concesionales otorgados, girando la correspondiente liquidación del canon”.

A Cementos Especiales de Arguineguín le asiste, además de este acuerdo, una tradición de 70 años asentada en ese puerto industrial de Santa Águeda estrechamente vinculada a una concesión minera muy próxima a esas instalaciones. Se trata de una cantera de puzolana natural, un material considerado una de los mejores aditivos para mejorar la calidad del cemento en cuanto a resistencia, impermeabilidad y durabilidad. Y la concesión de esa cantera tiene vigencia hasta el año 2046. La Ley de Costas de 1988 “ampara la concesión del puerto en una actividad minera sujeta a un plazo concesional mayor”, según consta en los documentos oficiales que obran en el expediente.

No es solo la vinculación a la cantera de San José la que justificaría la concesión del puerto a Ceisa. Es que, además, esta compañía es la propietaria de los 70.000 metros cuadrados de fábrica que están junto a ese recinto portuario. Quitarle su conexión con el mar es condenar a la industria a su cierre. Por el puerto entran a la factoría los materiales necesarios para la fabricación de sus cementos, fundamentalmente el clinker, y por el puerto sale la producción hacia sus destinos. Pero nada le impediría quedarse donde está y llenar de camiones la autopista Gran Canaria 1 hasta el muelle industrial de Arinaga y comprobar cómo sería su convivencia con un muelle deportivo, unas instalaciones de ocio o lo que quiera que finalmente se decida instalar en Santa Águeda.

Las voces que plantean el traslado de la cementera al puerto industrial más cercano, el de Arinaga, no contemplan, entre otros aspectos, el coste que ello supondría, si lo habría de asumir la empresa propietaria o si correría por cuenta de los contribuyentes. Ni que la cantera de puzolana pasaría a estar a unos 40 kilómetros de distancia, con los costes añadidos de transporte que eso supondría.

A los tribunales de justicia

Con su anuncio de que el Gobierno va a ocupar el puerto de Santa Águeda al estar vencida su concesión, lo que ha hecho el consejero de Obras Públicas de Canarias es meter al gerente de Puertos de Canarias, nombrado por él en 2017 en su anterior etapa en el mismo cargo, en un berenjenal. Porque si es cierto lo que públicamente ha anunciado Pablo Rodríguez de que en una próxima reunión de ese organismo va a decidirse “ocupar” el puerto de Santa Águeda para cambiarle su uso de industrial a turístico “o de ocio”, como prescribe el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, los recursos ante la Justicia serán inmediatos.

A continuación se abriría el difícil encaje de un uso turístico (puerto deportivo) o de ocio (no se conocen proyectos) de un puerto industrial que tiene adosada una industria que ocupa los terrenos adyacentes, cuyos propietarios habrán de ser oídos. En Ceisa no se pronuncian sobre esa eventualidad porque prefieren referirse solo a las resoluciones administrativas actuales o futuras y a las consecuentes acciones judiciales. Pero de tener que acatar una pérdida de la concesión portuaria, bien podría plantearse transformar su cementera en una operación turística estratégicamente situada y adosada a los nuevos usos que quiere habilitar el Gobierno canario en cumplimiento del PIO de Gran Canaria.

Salvo que en la cabeza del consejero de Obras Públicas y del Gobierno de Fernando Clavijo en pleno esté rondando la idea de una expropiación para un uso ciudadano de uno de los lugares más apetecibles del Sur de Gran Canaria, lo que en un escenario de incertidumbre financiera y de recorte de ingresos por sus anunciadas rebajas fiscales se torna una quimera.

Al Gobierno le apoyan en su pretensión de recuperar para uso turístico, de ocio, o de lo que sea menos industrial, la poderosa patronal turística de Las Palmas, a cuyo frente se encuentra el empresario José María Mañaricúa. Esa federación ha hecho suyos los pronunciamientos de una influyente empresa turística asentada en la zona, la cadena Cordial, de Nicolás Villalobos, que ha llegado a plantear (hasta ahora sin éxito) diferentes acciones judiciales para hacer valer la caducidad de la concesión de Ceisa.

Frente al cambio de uso del suelo que ocupa la cementera se alzan los vecinos de Santa Águeda, del poblado de El Pajar, que temen que la colonización turística de su pueblo los termine echando de allí. Son poco más de 370 personas. Sus representantes vecinales dicen que no quieren perder su modo de vida ni la playa de la que disfrutan.