SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 (EUROPA PRESS)
La Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife ha rechazado este lunes “las últimas acusaciones” vertidas por los vecinos de la playa de Cho Vito, en las que señalan que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ha incumplido su compromiso de resolver el problema de la vivienda de los vecinos que quedan en dicho núcleo costero del municipio de Candelaria.
El subdelegado del Gobierno de España en la provincia, José Antonio Batista, indica en un comunicado que “difícilmente se puede incumplir un compromiso que no se ha asumido, ni corresponde a la Administración del Estado”. “El acuerdo al que se llegó con el Gobierno de Canarias a través del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial fue el de ampliación del plazo para el desalojo voluntario y búsqueda de soluciones al problema de la vivienda, comprometiéndose a ello la administración canaria. Debe señalarse que ya se han producido dos ampliaciones, por lo que, si hay incumplimientos debe apuntarse en otra dirección”, dice.
Cabe señalar que en septiembre de 2010, se celebró una reunión en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en Madrid, con representantes del Cabildo y del Gobierno de Canarias, con la que se acordó ampliar el plazo de desalojo voluntario de las viviendas que quedaban en la playa de Cho Vito hasta finales de noviembre con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados.
En ese tiempo no se avanzó, por lo que, con posterioridad, en diciembre pasado y aprovechando el cambio del responsable de Costas, se celebra otra reunión a petición del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en la que desde el organismo estatal de Costas se accede a ampliar hasta finales de enero de 2011 el plazo de demolición ante el compromiso del Gobierno canario de que en ese tiempo resolverían el problema residencial de estos vecinos.
Eso significa que la solución a este problema no corresponde a la Administración del Estado, que sí ha cumplido con el compromiso de retrasar la demolición, como ya lo hizo en 2008 cuando dejó en pie varias construcciones por determinarse que eran “primera vivienda”.
“Ello significa --apunta el subdelegado del Gobierno-- que ya han transcurrido más de dos años sin que se haya resuelto esta cuestión y a esto hay que añadir que queda muy poco tiempo para que expire la prórroga judicial. Y en este caso no sólo estamos obligados por el cumplimiento de la Ley, sino también por las resoluciones judiciales”.