Se cierra el círculo para el primer ‘pucherazo’ de la era Cardona en Puertos de Las Palmas
El primer pucherazo de Juan José Cardona al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, se acerca a su materialización. Ocho de los diez aspirantes al puesto de jefe o jefa de la División de Comunicación y Relaciones Externas no han pasado el primer corte, según publicó este viernes el organismo en su web oficial. Los dos que por el momento podrán optar a la final tienen un perfil muy marcado: uno de ellos fue el responsable de prensa del Cabildo de Gran Canaria en la etapa de José Manuel Soria, y la otra ocupó el mismo puesto al frente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuando el alcalde era precisamente Juan José Cardona.
El primero de ellos, Héctor Pérez Quevedo, abandonó el entorno del Partido Popular, después de ejercer de responsable de comunicación de José Miguel Bravo de Laguna (2011-2015) y en estos momentos es el responsable de cierre del periódico Canarias7. Cristina Rodríguez, sin embargo, es una persona todavía muy cercana al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que apenas lleva dos meses en el cargo. La aspirante ocupa plaza de asesora del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la ciudad con un sueldo de 28.000 euros. Y es en ella en la que se fijó toda la atención cuando Cardona hizo pública la convocatoria de esa plaza de “personal laboral temporal” sin especificar duración ni salario, lo que no impidió que, además de Rodríguez, se presentaran otras diez personas.
En la primera criba ha quedado excluido quien fuera responsable de prensa de varios presidentes de la Autoridad Portuaria, Manuel Vidal, sin que se especifiquen los motivos. Otros siete aspirantes han quedado temporalmente excluidos a la espera de subsanar defectos puramente formales, como presentar el DNI, certificaciones académicas o acreditaciones de cinco años de experiencia en un puesto similar. Al menos dos de esos aspirantes han reconocido a este periódico que no subsanarán esos defectos por considerar que se les han puesto excusas inaceptables. “No han avisado, lo han puesto oculto en la web, escondido entre los subapartados de Recursos Humanos, sin darle la más mínima publicidad y dando por informados a los aspirantes”, ha dicho a este periódico uno de esos aspirantes.
Otro asegura habérsele exigido subsanar sus cinco años al frente del gabinete de prensa de un ayuntamiento y en el Gobierno de Canarias. “No les ha valido ni el certificado de la secretaria general ni el decreto de mi nombramiento en el Boletín Oficial”, se queja. “Ni me molesto en responderles”, concluye desesperanzado.
La comunicación de los excluidos y admitidos, publicada en la web oficial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, permite a cualquiera no solo conocer quiénes son las personas que han optado a esa plaza, sino también detalles como sus DNI o los defectos que deben subsanar. Y, efectivamente, es la certificación de cinco años de experiencia mínima “como director de comunicación en administraciones, entidades o empresas públicas o privadas” la que se repite en todos los casos.
La notificación tiene fecha 5 de julio y en ella se otorga un plazo de diez días hábiles para subsanar esos defectos. Los que logren pasar finalmente ese corte, siempre en el caso de que aporten certificaciones que satisfagan al tribunal de selección, tendrán que enfrentarse a la prueba decisiva del procedimiento: una entrevista personal con el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Salvador Capella, ingeniero de Caminos, sin experiencia alguna en la materia, y sujeto a que el presidente del organismo lo mantenga en ese puesto o lo sustituya por otra persona. El plus que cobra un funcionario de Puertos del Estado por ejercer esa plaza es de unos 15.000 euros al año.
La convocatoria no fue enviada a Puertos del Estado para su publicación en la web y abrir así el campo de candidatos al menos a toda España.
Hasta esta convocatoria lanzada por Juan José Cardona, los responsables de comunicación de la Autoridad Portuaria no tenían la consideración de personal laboral. Sencillamente eran trabajadores de consultoras externas o autónomos que prestaban sus servicios mediante un contrato vinculado a una duración nunca superior al mandato del presidente que se reclamaba esos servicios. La contratación que pretende hacer Cardona tiene una duración legal máxima de cuatro años, es decir, tres más una prórroga de uno.
Entre los operadores portuarios de Las Palmas se da por sentado que Juan José Cardona trata de hacerse fuerte en ese organismo para intentar catapultarse a otros puestos orgánicos y públicos vinculados el PP, para lo cual se quiere rodear de un equipo de profesionales que se lo permita. Además, cada día aparece un nuevo dato que lo vincula con el exministro de Industria y expresidente regional del PP, José Manuel Soria, que acaba de regresar al primer plano de la actualidad política presentándose a compromisario del inminente Congreso Nacional del PP, en el que intentará apoyar la elección de Pablo Casado como presidente del partido pese a que en Canarias ganó Soraya Sáenz de Santamaría por abrumadora mayoría. Cardona también acudirá como compromisario a ese congreso.
