Ciudadanos expedienta a un concejal en Las Palmas de Gran Canaria por aprovecharse de su cargo para ser elegido director de seguridad del Ayuntamiento

Los políticos no lo tienen fácil para definir a qué se dedican. O cuál es su cargo exactamente. A muchos les surge un dilema: “A mí me lo preguntan y digo que soy abogado en excedencia, o profesor en la condición de servicios especiales, pero no político”, explica uno de ellos. Sea como fuere, mientras ocupen ese puesto su vinculación con la Administración Pública será equiparable al subgrupo A1 dentro de la clasificación de los funcionarios, que recoge a todos aquellos encargados de realizar funciones directivas de gestión, inspección, ejecución y propuestas de carácter administrativo, entre otras cosas.

Los políticos están dentro de ese grupo profesional no por su bagaje académico o laboral, sino porque han sido elegidos. Han sido colocados en un ayuntamiento o en un parlamento autonómico por los votos de la ciudadanía y sus nóminas así lo reflejan. Y en principio no es un trabajo fijo para el resto de sus vidas, sino más bien temporal. Es cierto que podrían beneficiarse de esta situación para optar a un puesto que exige como requisito pertenecer al subgrupo A1, pero de este modo estarían motivando una competición desigual, ya que mientras la mayoría habría llegado a esa posición por promoción interna dentro de la Función Pública (como para ser comisario de Policía, por ejemplo), otros, sin embargo, lo estarían haciendo por un puñado de papeletas en unas elecciones.

Es el caso de José Antonio Guerra, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado en estos momentos por un tripartito (PSOE, Nueva Canarias y Podemos). A pesar de que su principal lazo con la administración antes de su llegada a la política ha sido su carrera durante más de 10 años como personal operativo del Cuerpo Nacional de Policía en la escala básica, dentro del grupo C, ha utilizado su trabajo actual como concejal a modo de trampolín para solicitar el cargo de Director General de Seguridad y Emergencias de la capital grancanaria, incompatible con su ocupación como edil, entre cuyas condiciones se demanda a todos los solicitantes integrar en el subgrupo A1.

Ciudadanos, según ha confirmado su coordinador en Canarias, Enrique Arriaga, ha abierto un expediente informativo a Guerra por este hecho, que engloba presentar su candidatura a un puesto de libre designación en la propia administración que él está encargado de fiscalizar y vigilar, como es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y aprovecharse de su condición actual como concejal para ello. Guerra, por su parte, ha indicado a este periódico que “debe tratarse de un malentendido, ya que la supuesta participación en una convocatoria pública no debiera ser motivo de apertura de expediente, puesto que es un derecho que no puede ser vulnerado”. Según cuentan desde la formación naranja, Guerra renunció a la plaza, anunciada el 25 de septiembre de 2020, poco después de haber sido advertido por la cúpula regional del partido.

Un currículum de más de 20 páginas

Guerra se licenció en Derecho en 2006 y ese mismo curso, según indica en su currículum, ya ocupó el puesto de Director del Área de Asesoramiento Jurídico de Empresas en el despacho de abogados Guerra García de Celis-Domínguez-Lorenzo. Tres años más tarde llegó al Cuerpo Nacional de Policía, desarrollando funciones en la policía judicial, redactando en calidad de instructor numerosos atestados, así como apoyando a las unidades de Seguridad Ciudadana y Extranjería y Fronteras en sus más de diez años de experiencia, según su currículo. Entre 2015 y 2016 asegura haber asumido competencias en dirección y coordinación de asesoría legal en la empresa Invexplanet, y ya en 2017 comenzó a participar en la política municipal, primero como vocal de la Junta Municipal de Ciudad Alta (Las Palmas de Gran Canaria) y luego como concejal de Ciudadanos en el ayuntamiento capitalino.

Entre los estudios que aporta sorprende la cantidad de cursos formativos realizados en 2020, el año en que se convocó el puesto de Director General de Seguridad y Emergencias. 23 cursos con una duración total de 1.605 horas lectivas, lo que da una media de 4,39 horas al día dedicadas al estudio en todo el año, sin contar el Máster en Seguridad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y otro curso de Director de Seguridad Integral y Redactor de Planes de Seguridad que afirma estar preparando. El puesto de concejal de Guerra en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es de dedicación exclusiva.

Añade en su CV algunas de las mociones que ha presentado en el consistorio, todas ellas relacionadas con el ámbito de la seguridad, la movilidad, la gestión y la mejora de la administración pública: un plan de modernización y mejoras de la Policía Local, un proyecto de eficiencia energética y movilidad sostenible, una campaña de concienciación a la población para un comportamiento responsable frente al coronavirus, etc. Todo solicitudes, ruegos y preguntas: 18 en total. Solo cuatro fueron aprobadas de forma unánime por toda la corporación, agrega.

Por último, certifica haber formado parte de Ciudadanos como responsable autonómico de Acción Institucional entre julio de 2019 y febrero de 2020, nombrado por el Comité Ejecutivo de Ciudadanos. Pero quien firma el documento, con fecha de 10 de septiembre de 2020, no es este organismo, sino Alejandro Artiles, coordinador por entonces de la Junta Directiva de la Agrupación en Las Palmas de Gran Canaria, un cargo inferior al de Guerra, que también formó parte del Comité de Pacto en las negociaciones para formar gobierno regional en 2019 junto con Vidina Espino y Teresa Berástegui, ambas fuera de la formación tras protagonizar varias disputas internas. Artiles es actualmente coordinador de una secretaría económica específica para pymes y autónomos que ha creado Coalición Canaria en Gran Canaria.

El segundo expediente de Guerra

No es la primera vez que Ciudadanos expedienta a Guerra. Ya lo hizo hace año y medio, cuando la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en esas fechas, Beatriz Correas, denunció a este por agresiones verbales. La acusación se produjo tras una acalorada discusión entre ambos, y a Guerra se le atribuyen las frases de “no me toques la polla”, que presuntamente reiteró en más de una ocasión, “tú a mí no me dices lo que tengo que hacer” y “vete a tomar por culo”. Ese expediente quedó en nada porque Correas se marchó del partido. El que se le ha abierto ahora aún está por resolverse.