Ciudadanos ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados una petición para que se declare tránsfuga a Vidina Espino, diputada en el Parlamento canario, “en aplicación del acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas, aprobado por la Comisión de Seguimiento del Pacto contra el Transfuguismo”.
Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Marina Bravo, secretaria general del partido, y Ricardo Fernández de la Puente, portavoz de Cs en el Parlamento de Canarias, han acudido al Congreso, en Madrid, para registrar un escrito con dicho objetivo, ya que, a juicio de Ciudadanos, “la baja voluntaria de la señora Espino en el partido formalizada por ella el pasado 13 de julio, y no haber entregado el acta de diputada que obtuvo en la candidatura presentada por Ciudadanos, la convierte - en los términos del Pacto antitransfuguismo firmado por todos los partidos políticos - en tránsfuga”.
El partido argumenta que el acuerdo dice textualmente que “cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso para el supuesto del párrafo anterior quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.
Edmundo Bal ha afirmado que “el Pacto antitransfuguismo llevaba 10 años sin ser aplicado” y que fue precisamente Ciudadanos quien “lo revitalizó, perfeccionándolo para evitar confusiones”. Según él, Ciudadanos consiguió que “el concepto de tránsfuga no dejara lugar a dudas de quién lo era y quién no” y ha criticado que “partidos políticos que inicialmente suscribieron este pacto, se hayan borrado posteriormente” ya que “el transfuguismo es un fraude a la voluntad de los electores”.
Ricardo Fernández de la Puente ha afirmado que “el transfuguismo de la señora Espino supone un fraude a la democracia” ya que “cualquier cargo electo puede abandonar libremente el partido con el que concurrió a las elecciones y consiguió su acta, pero devolviendo esta”. A su juicio, “si no se devuelve el acta es cuando alguien se convierte ética y políticamente en un tránsfuga”.
En palabras del diputado canario, “una tránsfuga de manual, como es la señora Espino, ha traicionado el voto de los ciudadanos” por lo que considera que “ no debiera poder obtener ningún beneficio derivado de su proceder”.
Vidina Espino, actualmente en el Grupo Mixto del Parlamento de Canarias, abandonó Ciudadanos tras afirmar que el partido no respetaba el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), pero la formación dio una versión distinta: dejó el partido cuando supo que iba a ser sustituida como portavoz en la Cámara autonómica, único cargo que ostentaba en ese momento.
El reglamento de la Cámara regional envía a la consideración de no adscrito a todo aquel representante parlamentario que abandone o sea expulsado del partido por el que obtuvo su acta, excepto en el caso de los integrantes del Grupo Mixto, caso de los dos diputados de Ciudadanos en ese momento. Ese resquicio permite a Vidina Espino gestionar por sí sola 157.800 euros, exactamente la mitad de lo que tiene asignado ese grupo parlamentario, que comparte precisamente con su excompañero Ricardo Fernández de la Puente.