El diputado de Ciudadanos por Las Palmas, Saúl Ramirez, ha rechazado que el Gobierno abra una investigación a la Fundación Francisco Franco, después de que ésta enviara una serie de cartas a diversos ayuntamientos de España para ofrecerles asesoramiento legal para afrontar las denuncias por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. A su juicio, se trata de “inquina innecesaria”.
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó recientemente la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Unidos Podemos, que insta a la apertura de la susodicha investigación por parte del Gobierno, al considerar que existen “indicios racionales de ilicitud penal” en la actividad de la fundación.
La PNL contó con el apoyo de la oposición, mientras que el Partito Popular (PP) votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.
Ramírez defendió, durante su intervención en la Comisión, el derecho de la Fundación a ejercer su actividad - centrada principalmente en la difusión de la obra y memoria del dictador - y sostuvo que “cuando leo la propuesta de Unidos Podemos no veo ningún indicio de ilicitud penal, por eso no entendemos ese rencor y esa inquina innecesaria”.
A pesar de asegurar ser nieto de represaliados durante el franquismo e insistir en que “condenamos los delitos que se cometieron en esa época”, cree que la Fundación está legalmente constituida y “versa en el protectorado de fundaciones el rigor de que sigan un cumplimiento estricto de la Ley”.
En opinión de Ramírez, el que la Fundación haya enviado cartas en las que ofrece asesoramiento legal a los ayuntamientos que se niegan a cumplir la ley de memoria histórica, significa meramente “poner al servicio de estos alcaldes la ley y el derecho, por lo que no entendemos esta inquina y este rencor”.
“Si lo que ellos quieren es acabar con la Fundación Francisco Franco, que lo traigan en una PNL, que lo traigan y debatiremos si ésta tiene interés general o no”, apostilló.
El diputado de Unidos Podemos Antón Gómez-Reino comenzó su exposición alegando si “¿se puede imaginar alguien una Fundación Benito Mussolini en Italia? ¿O una Fundación Adolf Hitler en Alemania?”.
Según recoge El País, Margarita Robles, del PSOE, denunció que las cartas de la Fundación no critican la ley de memoria histórica, sino que suponen llamamientos “a la desobediencia”.
La diputada del PP Beatriz Escudero no quiso “entrar en ningún debate” al considerar que la comisión de Interior no era la competente para tratar el asunto, al depender el protectorado de fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura.