Las claves del nuevo ciclo en el Cabildo de Fuerteventura (y en la política majorera)

EL PACTO. Se sabía desde antes de las elecciones del 26 de mayo que el PSOE trataría de desalojar a CC -y viceversa- de las principales instituciones de Fuerteventura si daban los números y las circunstancias. Y así fue. Ya en junio del año pasado, en la recta final del pasado mandato, se llegó a explorar una moción de censura contra Marcial Morales, como desveló Podemos, que no llegó a fraguar. Tras el 26-M el camino ha estado despejado para el Partido Socialista, que ha liderado el cambio en las dos principales instituciones majoreras, el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

La Corporación insular es la institución más simbólica, la que atesora mayor poder y más posibles: 169 millones aguardan ahora mismo en el banco. Esa rebosante cuenta corriente, paradojas de la política, es un mal síntoma, que puede explicar, en parte, por qué CC se dejó unos 1.600 votos y dos consejeros en las elecciones al Cabildo y dejó el flanco descubierto para lo que finalmente ha sucedido. Evidencia retrasos en la ejecución del presupuesto cuando la presidencia y las carteras con músculo inversor estaban en manos nacionalistas.

Con todo, la alianza entre PSOE, NC-AMF y Podemos para hacer presidente al socialista Blas Acosta tuvo que esperar a otro acuerdo cuya negociación fue incluso más complicada: el bautizado como ‘pacto de las flores’, que eleva a la presidencia de la comunidad autónoma a otro socialista, Ángel Víctor Torres.

Las resistencias en la dirección regional de Podemos, enfrentada al grupo mayoritario de los miembros de la formación morada en la Isla, no duraron demasiado. Si la estrategia, desde Pablo Iglesias para abajo, es gobernar con el PSOE, en Fuerteventura no podía ser distinto. Si además los militantes (inscritos, según su nomenclatura) de forma abrumadora (133 a favor, 21 en contra) respaldaron el pacto, un veto desde las alturas era prácticamente imposible. Ya bastante fractura interna generó la imposición de Noemí Santana al situar al historiador Carmelo Torres como candidato al Parlamento, por delante del líder natural en Fuerteventura, Andrés Briansó, elegido en primarias.

Sin embargo, la mayor presión recayó sobre Alejandro Jorge. Su voto es el que inclinaba la balanza, hacia Lola García o hacia Blas Acosta. De su grupo político, el que mayor fidelidad tiene a las siglas del partido de Román Rodríguez. El líder de Nueva Canarias en la Isla tenía claro que el futuro del Cabildo estaría ligado a la configuración del Ejecutivo regional. Y así ocurrió. Cuando Casimiro Curbelo, harto de la trabas de Ciudadanos a su amigo Fernando Clavijo y de la crisis en el PP, abierta por el regalo envenenado de la presidencia autonómica, optó por volver a las faldas del PSOE, de carambola decidió quién presidiría el Cabildo de Fuerteventura.

Un intercambio de cromos entre CC y NC del Ayuntamiento de Telde por el Cabildo majorero, como asegura Mario Cabrera, que negoció con Román, parece poco cuando puede estar en juego el Gobierno de Canarias.

EL REPARTO. En los últimos 40 años se han producido dos mociones de censura en el Cabildo majorero. La que, en julio de 1995, llevó a la presidencia a Ildefonso Chacón, en virtud de un pacto entre Independientes de Fuerteventura, PSOE y PP, y la que ahora eleva al despacho presidencial de la sede de Primero de Mayo a Blas Acosta.

El defenestrado hace 24 años fue José Juan Herrera Velázquez, que volvería a ganar las elecciones y ser presidente en 1999, y ahora lo es Lola García, la primera mujer en presidir, de manera efímera, la Corporación insular en 106 años de historia.

“El Cabildo de Fuerteventura”, dice Blas Acosta, “debe recuperar el prestigio”. Su condición de presidente, además del poder que le confiere el bastón de mando, tiene en este caso una cláusula reforzada: ninguno de los consejeros que ha firmado la moción de censura contra Lola García podría, en el caso de que el pacto de gobierno se malograse, volver a firmar para apartarlo.

El PSOE gestionará áreas clave como Hacienda, Turismo, Aguas o Bienestar Social, pero entre los doce miembros del pacto de gobierno emerge un súper consejero, Sergio Lloret. El exalcalde de Tuineje se ocupará del departamento de Obras Públicas, con multitud de proyectos pendientes, y del área de Ordenación del Territorio, en pleno proceso de revisión del PIOF y de los planes de espacios naturales protegidos. Marcelino Cerdeña, alcalde de Betancuria, también tendrá una importante proyección insular, al controlar las áreas de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, mientras que los consejeros de Podemos llevarán Cultura y Participación Ciudadana, entre otras áreas, lo que les puede permitir imprimir un sello propio al gobierno y que su presencia no sea testimonial.

EL PROGRAMA. Los 88 compromisos del nuevo gobierno en el Cabildo de Fuerteventura son, en gran medida, propuestas que cuentan con amplio respaldo político y social y que, eliminando algún que otro adjetivo, podrían firmar los 23 consejeros que forman parte de la Corporación insular.

En materia territorial, donde Coalición Canaria ya ha anunciado que pondrá el foco desde la oposición, como ha manifestado su secretario insular, Mario Cabrera, el pacto se plantea “culminar la tramitación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) a través de un proceso participativo”. También señala que apuesta por un planeamiento territorial que “garantice” el “desarrollo equilibrado y sostenible de la Isla”.

Otro compromiso es “impulsar la Reserva de Biosfera de Fuerteventura, realzando este reconocimiento de alcance internacional”. También “reordenar los espacios naturales protegidos con una triple finalidad”: la “conservación natural y cultural”, el “desarrollo social y económico” y el “apoyo educativo, divulgativo e investigador”.

Y se aspira a una “estrategia de desarrollo sostenible, marcada por las directrices, principios y compromisos globales en la lucha contra el cambio climático”. Atajar el problema de la vivienda, coordinando “acciones” para adquirir suelo y construir casas de protección, es otra de las medidas estrella. De forma más tangible, se anuncia la construcción de una planta ambiental para la gestión de residuos en el sur de la Isla.

En materia energética, se comprometen a “marcar una hoja de ruta para el desmantelamiento de la central” térmica de Las Salinas, junto al barrio capitalino de El Charco, algo que no es competencia insular, y a “desarrollar las actuaciones necesarias para conseguir el objetivo de desalar el cien por cien del agua que se consume en la Isla con energías limpias”, cuya responsabilidad sí es del Cabildo, como máximo responsable del CAAF.

El Consorcio de Aguas es una de las bombas de relojería que puede estallar en cualquier momento: casi la mitad del agua que se desala no se factura y los propios técnicos denuncian en informes internos múltiples deficiencias hasta en lo más básico, como el control de las reparaciones.

A partir de ahora, se verá si el programa se empieza a cumplir o si los partidos pueden reciclarlo para 2023.