Claves de la reforma de CC-PP sobre los Servicios Sociales de Canarias y por qué cuenta con gran rechazo

La aprobación de los presupuestos de Canarias trajo consigo a finales de año un cambio en la Ley de Servicios Sociales que cuenta con el rechazo no solo de la oposición sino de más de 30 colectivos, entre los que se encuentran los colegios de Trabajo Social de las dos provincias. El cambio fue registrado por los partidos que sustentan al Gobierno regional (CC, PP, ASG y AHI) con el objetivo de que los ayuntamientos puedan decidir si seguir ofreciendo la ayuda a domicilio municipal de forma directa como hasta ahora o sustituirla por una prestación económica. 

La oposición, PSOE y Nueva Canarias, trató de paralizar la votación de los presupuestos aludiendo a que las enmiendas en la que se incluyen esos cambios pueden ser “inconstitucionales”. En el escrito remitido a la Mesa de Parlamento, señalan que “si lo que se pretende con estas enmiendas es descargar a los ayuntamientos del peso de una licitación administrativa del servicio de ayuda a domicilio, ya sea con carácter puntual para cubrir contingencias, o estructural, existen alternativas ejecutivas previstas en la legislación sectorial sin necesidad de modificar el régimen de derechos subjetivos de los y las potenciales usuarias de este servicio”. 

Durante uno de los plenos, tanto PSOE como NC tacharon la maniobra de “cacicada” por intentar modificar “por la puerta de atrás” la ayuda a domicilio. Se trata de cambios para los que no se ha contado con participación y que tanto los socialistas como los canaristas inciden en que es una fórmula que “se aleja cada vez más del sistema público y se acerca peligrosamente a la privatización”. 

Los colegios de Trabajo Social de las dos provincias fueron los primeros en denunciar estos cambios. Recuerdan que más de 20.414 personas en Canarias dependen del Servicio de Ayuda a Domicilio, según los datos del ISTAC 2023, un recurso esencial que contribuye a mantener la autonomía, dignidad y seguridad de, sobre todo, personas mayores y con discapacidad. La enmienda plantea que los ayuntamientos puedan reemplazar este servicio, prestado hasta ahora por personal cualificado, sustituyéndolo por ayudas económicas, que hacen que los ayuntamientos “se desentiendan de ofrecer los cuidados profesionales, trasladando esta tarea a las familias”, inciden los profesionales.  

Los colegios remarcan que estos cambios “comprometen la calidad del servicio, dejando en manos de las familias una tarea que requiere conocimientos técnicos y recursos que muchas no tienen. Además, aumenta las desigualdades territoriales, ya que los municipios con menos recursos podrían recurrir sistemáticamente a la prestación económica. Asimismo, ”privatiza de forma encubierta el SAD, debilitando su carácter público y desvirtuando su función como herramienta preventiva y comunitaria“. 

Los colegios han puesto el ejemplo de Carmen, de 83 años. Se trata de una mujer que vive sola en su hogar, donde ha pasado gran parte de su vida. Desde hace dos años, cuenta con el Servicio de Ayuda a Domicilio, que le permite asearse, levantarse y mantener su casa, además de ofrecerle compañía y tranquilidad. Los colegios explican que este servicio ha sido clave para que conserve su autonomía y no tenga que trasladarse a un centro residencial. Ahora, su municipio podría decidir reemplazar este apoyo por una prestación económica, obligándola a gestionar por su cuenta la contratación de personal cualificado.

Tras la denuncia de los colegios, más de 30 colectivos se unieron en un comunicado en señal de protesta. “El nuevo modelo, que ya se quiere implantar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consistiría en ayudas económicas que se darían de forma indirecta, es decir, la recibirán las empresas pero figurarán como ayudas que se suman a la renta y, por tanto, el /la usuaria tendría que declarar. El ayuntamiento se desentiende de ofrecer ese servicio trasladando al usuario o su familia la búsqueda del mismo y la relación con la empresa que lo realice”, resumieron. 

Los colectivos llegaron a  concentrarse a las puertas del Parlamento de Canarias el día que se aprobaron los presupuestos para denunciar el retroceso que suponen estos cambios en la ayuda a domicilio y que se han realizado sin consenso. 

Temen que afecte a los pensionistas 

Carmen Pérez Núñez, portavoz de la Asociación para la  Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias, explica a esta redacción que “las posiciones que hay políticamente van encaminadas a un intento de privatizar lo poquito que nos queda del servicio de ayuda a domicilio que no está privatizado”. Remarca que, tras la aprobación de los presupuestos con esas enmiendas, Santa Cruz de Tenerife “tiene  proyecto que necesita, precisamente para imponer su modelo”, incide. 

“No sabemos qué recorrido va a tener, porque también hemos escuchado a la oposición que consideraban recurrir esta decisión. Nosotros, por nuestra parte, por parte de los colectivos que nos hemos reunido, pensamos que no se pueden tomar decisiones de este calibre sin la participación de los propios usuarios, de la propia ciudadanía, de las trabajadoras que llevan el servicio, de las trabajadoras sociales, que son las profesionales que más saben de todas estas cuestiones. Y ese debate no se ha llevado para nada, es más, lo que se demuestra es que tanto las trabajadoras del SAD como los colegios profesionales y trabajadores sociales se han manifestado en contra absolutamente de estos cambios, porque no van encaminados a mejoras hacia el usuario, sino todo lo contrario”, expone. 

La portavoz de esta asociación incide en que los cambios van a suponer que los usuarios dejarán de estar bajo la protección del ayuntamiento y tendrán que resolver sus cuestiones particulares con la empresa que le toque. “Lo que más nos preocupa es que va a afectar a las pensiones”, apunta Carmen Pérez, que agrega que “la nueva prestación va a figurar en la renta de la persona usuaria, aunque esa persona no va a ver el dinero, el dinero se le va a dar directamente a la empresa, que es lo que se llama un pago indirecto. Pero sí va a figurar en la renta de la usuaria o usuario. Y eso tiene unas repercusiones en Hacienda y en la concesión de la propia pensión”, lamenta. 

“Mucha gente se puede quedar sin la pensión no contributiva, porque si multiplicamos la cantidad (de la prestación de ayuda a domicilio) que puede ser mínimo unos 600 euros, 700 mensuales, pues esa cantidad la multiplicamos por 12 meses y ya nos llegaría a los 7000, 7000 y pico euros que te exigen de renta máxima para darte una pensión no contributiva”, insiste Carmen Pérez, que agrega que “la pensión sí la van a tocar”.  Insiste en que este apartado debe aclararse ya que habrá quien tenga que decidir entre seguir cobrando la pensión y poder comer y pagar el alquiler o contar con esta prestación económica de ayuda domicilio. 

Carmen Pérez afirma que también preocupa la situación en la que quedan las trabajadoras del servicio  “porque sabemos que todo lo que se desvincula de la administración y se convierte en privado total, no hay ningún control y por lo tanto siempre que ha ocurrido esto se ha producido una precarización en el servicio”. 

Santa Cruz de Tenerife, único ayuntamiento que por ahora reclama estos cambios 

La intención de hacer estos grandes cambios en la ayuda a domicilio municipal solo ha sido manifestada, de momento,  por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Su concejala de Servicios Sociales, Rosario González Carball, señaló en un pleno en diciembre que lo que se pretende es caminar “hacia un nuevo modelo de ayuda a domicilio que sea de mayor calidad, que sea más rápido, más eficaz y dé mayor respuesta a las personas de nuestro municipio”. En este sentido, apuntó que “ningún mayor de nuestro municipio se quedará sin este complemento por tener la prestación de ayuda a domicilio. Estamos realizando todas las acciones posibles para que esto no sea así”, ha dicho.

La concejala de la oposición Patricia Hernández (PSOE) le afeó en ese pleno que sustituir la ayuda a domicilio por una prestación “tendrá consecuencias sobre el empleo y las pensiones” y ha insistido en que “se está jugando con las cosas del comer de las personas más vulnerables”. 

Otros grandes ayuntamientos en cuanto a número de población como el de Las Palmas de Gran Canaria, Telde o La Laguna han manifestado a esta redacción que no pretenden hacer cambios en la ayuda a domicilio actual y que se seguirá ofreciendo como hasta ahora. El consistorio de la capital grancanaria señaló que el servicio cuenta con un índice de satisfacción de 9,25 sobre 10 y un 95% de recomendación por parte de las personas usuarias. “Nuestro compromiso es garantizar que las personas beneficiarias puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, recibiendo la atención que necesitan”, inciden.