Desde que el Partido Popular cerrase la puerta a siquiera tomar en consideración una posible reforma de la Ley de Extranjería, en concreto de su artículo 35 para que la acogida de los menores migrantes no acompañados se realice entre todas las comunidades autónomas, su socio de gobierno en Canarias, Coalición Canaria, no ha dejado de culpar al Gobierno de España del fracaso de esta iniciativa, que partió del propio Ejecutivo canario. Fue el PP quien, como Vox y Junts, votó en contra de iniciar el trámite parlamentario, que habría permitido hacer modificaciones y añadidos al texto inicial, pactado entre Canarias y el Estado, pero, con el argumento de que no se aceptaron sus propuestas antes de la tramitación, el PP lo rechazó. No le valía, o eso arguyó, hacer las aportaciones durante el trámite en el Parlamento, como es habitual, sino que tenía que ser antes, y como no fue así, el voto fue negativo.
El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, que también preside el PP en las Islas, había respaldado previamente el texto y había asegurado que su partido haría lo mismo. Pero en las semanas previas a la votación en el Congreso (el 23 de julio), Domínguez y sus palabras se fueron difuminando hasta desaparecer por completo: no asistió a la ronda de contactos en Madrid entre Clavijo y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con los grupos parlamentarios para exponerles y explicarles el texto, ni asistió al Congreso el día de la votación. Es más, solo un día antes el PP de Canarias por fin cambió oficialmente de postura y afirmó que era “la reforma de CC con el PSOE”, desvinculándose del texto pese a haber participado activamente en su elaboración, como el propio portavoz del Gobierno canario explicó.
En ese momento, todas las miradas se dirigieron al presidente canario, a quien su vicepresidente no solo había dejado solo en una negociación trascendental, sino a quien su socio de gobierno había tumbado su iniciativa más ansiada. Entonces se puso en marcha la maquinaria para no responsabilizar al PP de lo ocurrido y poner así en peligro la continuidad del pacto CC-PP, y culpar a otro del fracaso en el Congreso: el Gobierno, y más concretamente, el PSOE, y aún más específicamente, a Ángel Víctor Torres, a quien este jueves la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha pedido que se le releve como interlocutor del Gobierno en materia migratoria.
Desde ese mismo 23 de julio las declaraciones de Clavijo y de los líderes de Coalición Canaria se han dirigido únicamente a reprochar a los socialistas, y a Torres particularmente, el fracaso de la iniciativa y, por extensión, de la saturación que sufren los centros de acogida de menores migrantes en el archipiélago.
La respuesta del PSOE ha sido clara desde el primer momento: si CC y Clavijo tienen que pedir explicaciones, si tienen que reprochar a alguien, es a su socio de Gobierno, el PP, porque el PSOE respaldó no solo la elaboración del texto, sino también su toma en consideración en el Congreso.
El momento más tenso ha llegado esta misma semana, cuando Clavijo anunció tras el Consejo de Gobierno de este lunes que la comunidad autónoma no se haría cargo de más menores migrantes no acompañados, pese a tener las competencias al respecto, porque los recursos están saturados, y dio instrucciones a las ONG para no aceptar a ninguno más salvo permiso expreso de la Consejería de Infancia.
La situación es límite porque las llegadas aumentan (al menos 15 niños más este mismo jueves) y los ataques hacia el Gobierno (o el intento de defensa del PP) se han intensificado. En menos de 24 horas, Clavijo ha culpado al PSOE de ser el responsable de “querer arrimar al PP a la derecha” y ha llegado a afirmar que no es lo mismo el PP de Canarias que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Así lo declaró este miércoles en una entrevista con Aimar Bretos en la Cadena Ser, cuando el periodista le recordó que quien tumbó el intento de reforma de la Ley de Extranjería fue su socio de Gobierno. Clavijo respondió: “No es mi socio de gobierno, porque yo no quiero mezclar poder ejecutivo y poder legislativo”, pero el periodista intervino: “Es su socio de gobierno, presidente”, a lo que acabó argumentando que para él no es lo mismo el PP en las Islas, el que preside Manuel Domínguez, que el PP en el Congreso, el de Feijóo. “El PP es el PP en todas partes”, sentenció el periodista.
Clavijo admitió entonces que no lo entendió [el rechazo del PP], pero explicó que se debió a que Torres no quiso sentarse a negociar los puntos propuestos por los populares días antes a la votación. Sobre estos puntos, el PSOE aclaró en su momento que algunos ya estaban de hecho recogidos en el propio documento de modificación de la ley propuesto y que otros podían debatirse en el trámite parlamentario. Pese a ello, el PP votó en contra, y Clavijo continúa centrando sus críticas en quien sí votó a favor.
Romper el pacto de Gobierno en Canarias con el PP dejaría sin la presidencia a Clavijo y a Coalición Canaria, puesto que el partido con más escaños, y ganador de las elecciones autonómicas en 2023, fue el PSOE, encabezado precisamente por Ángel Víctor Torres. Una ruptura CC-PP dejaría a ambas formaciones sin poder en el Ejecutivo regional.