El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 2 de septiembre sobre la nueva forma de interpretar a quién le corresponde la tutela de los menores migrantes llegados por mar a las islas “vela por la seguridad jurídica del menor” y que “está avalado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma”.
En declaraciones a los periodistas durante una visita a La Palma y preguntado por el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra ese acuerdo, Clavijo ha dicho desconocer el contenido del recurso, de modo que no lo puede analizar, si bien ha defendido la legalidad del acuerdo.
El pasado 2 de septiembre, el Gobierno de Canarias cambió oficialmente su postura tras la celebración de un Consejo de Gobierno y defiende desde entonces que los menores migrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado, por lo que pidieron a las ONG que gestionan los centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso del Ejecutivo regional.
“No se puede entregar un menor con una hoja de albarán, sin una fotografía, sin una reseña, sin una toma de una huella dactilar... Lo que nos preocupa a todos es la seguridad jurídica del menor”, ha defendido el presidente autonómico.
Clavijo ha ahondado en que la situación de emergencia “se estaba convirtiendo en una situación de absoluta normalidad”.
“Y para nosotros no es normal que no se respeten los derechos de los menores. No es normal que no se respeten los tratados internacionales. No es normal que en el primer mundo que se supone que estamos les demos un trato de esa manera a esos niños y esas niñas, que, insisto, muchos han visto cómo hermanos, padres, tíos o madres han sido tirados por la borda de la travesía porque han muerto”, ha concluido.
Denuncia de una ONG al Gobierno canario
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha registrado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso contencioso administrativo en contra del acuerdo del Gobierno canario, por pretender dejar en manos del Estado la acogida de menores migrantes
El Ejecutivo regional, pidió a las ONG el pasado 2 de septiembre no aceptar a ningún menor migrante más sin el permiso de la comunidad autónoma, y precisó que seguirá ayudando pero de manera “auxiliar” al Gobierno central.
La ONG teme sus posibles consecuencias sobre los niños y niñas migrantes que llegan a las Islas, así como que dicha medida se pueda extender a otros gobiernos autonómicos, por lo que ha llevado el acuerdo a los tribunales por una supuesta vulneración de derechos fundamentales. Aunque el pacto alcanzado por el Gobierno canario se ha quedado de momento en un órdago.