El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha anunciado este lunes que va a convocar a una reunión al alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), y a la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda (PSOE), para analizar sus planes con respecto a los proyectos turísticos de Cuna del Alma y La Tejita. Clavijo ha afirmado que hay un poco de “confusión” porque el Gobierno “poco puede hacer” en estos casos concretos dado que las licencias y el planeamiento depende de ambos ayuntamientos. Sin embargo, en el caso de Cuna del Alma, técnicos del Cabildo de Tenerife constataron hace ya dos años en un demoledor informe que las obras habían cometido una infracción grave al destruir al menos un yacimiento arqueológico. Al ser considerada grave, el Cabildo, como manda la ley, trasladó el expediente al Gobierno canario, concretamente a la Dirección General de Patrimonio. Fue ella quien en la pasada legislatura ordenó la paralización cautelar e inició el expediente de sanción. Y ahora el nuevo Gobierno canario, con Clavijo a la cabeza, lo ha dejado caducar.
Pese a que el Gobierno canario puede paralizar estas obras, Clavijo insiste en señalar a los ayuntamientos como los únicos con potestad para ello. Clavijo ha dicho que el objetivo es “poder buscar soluciones y que sean ellos [los ayuntamientos] los que digan lo que quieren hacer” pues fueron los que planificaron la obra y clasificaron el suelo y “digan lo que quieren hacer”. “Nosotros como gobierno lo que vamos a acompañar y ayudar en lo que se quiera hacer”, ha destacado.
Hotel en La Tejita
En cuanto al hotel de La Tejita, la última orden de paralización llegó después de constatar que la empresa Viqueira estaba realizando obras en una zona que había sido incluida en 2021 dentro del dominio público marítimo terrestre, y, por tanto, necesita un permiso del Gobierno canario para trabajar ahí. Esa nueva licencia, la requerida para trabajar sobre dominio público marítimo-terrestre, es la que Viqueira aún no tiene.
Clavijo ha afirmado que el anterior Gobierno de Canarias “intentó intervenir y el juzgado los ha condenado” de tal manera que “probablemente” haya que afrontar “indemnizaciones millonarias” por una “intromisión” en este proceso. Sin embargo, la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre de la Dirección General de Costas admite que hay tres sentencias favorables a la empresa, pero apunta que dos de ellas simplemente se refieren al procedimiento sancionador incoado por el Ejecutivo regional por obras presuntamente ilegales en servidumbre de protección que no hacen referencia a las de dominio público. Y el otro fallo judicial es el del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la paralización de las obras ordenada por la jefa del Servicio Provincial de Costas, en 2019, ya que con posterioridad se ordenó la suspensión cautelar, esta vez sí, por el órgano competente, esto es, el Gobierno autonómico, en 2021.
Es decir, es el Gobierno canario el competente para paralizar las obras. Además, esas tres sentencias, según Costas, “en ningún caso ampararían” las obras que la empresa pretende levantar en el dominio público marítimo-terrestre. En las mismas se menciona “el derecho a la obtención de una concesión”, pero eso “no puede entenderse como el otorgamiento del mismo”, remacha el texto. Costas llega a esta conclusión partiendo de un informe de la Abogacía del Estado de finales de 2021 que rechaza otorgar a la promotora del hotel de la Tejita los títulos habilitantes requeridos para continuar la edificación del complejo hotelero.
La empresa, basándose en esas sentencias, reanudó las obras justo en la franja del dominio público marítimo terrestre hasta que un grupo de activistas ocupó esa zona pública y obligó a paralizar los trabajos.
“Que actúen ya”
La plataforma Canarias se agota, una de las promotoras de las manifestaciones de este sábado (20A )por un cambio del modelo turístico, ha exigido a las administraciones “que actúen ya, inmediatamente”, para la paralización definitiva de las obras del hotel de La Tejita y Cuna del Alma.
Uno de sus portavoces, Víctor Martín, ha declarado antes de reunirse con el Diputado del Común, Rafael Yanes, para pedirle su mediación para que se abra “un diálogo” con el Gobierno de Canarias que si la administración autonómica “deriva la posibilidad de paralización de esas obras es una vía que se abre”. Martín ha hecho este comentario tras el anuncio de Clavijo de que va a convocar a la alcaldesa de Granadilla, al alcalde Adeje y a la presidenta del Cabildo de Tenerife para tratar sobre ambos proyectos.
Martín ha interpretado que lo que hace el Gobierno de Canarias es “derivar” la responsabilidad a las entidades locales “cuando en realidad era una decisión administrativa y las paralizaciones -de las obras- las realizó la comunidad autónoma y no los ayuntamientos”.
Sea cual sea la administración, “si pueden actuar, que actúen ya, inmediatamente”, pues a su juicio “pueden hacerlo”.
Ha recalcado que la semana pasada cuando un grupo de activistas paralizó parte de las obras del hotel de La Tejita recibieron una llamada de la Dirección General de Costas en la que les trasladaban que iban a iniciar el expediente contra la ocupación del dominio público terrestre.
“Una delimitación que se hizo en 2021 y resulta que tres años después es cuando van a iniciar el expediente”, ha criticado, cuando “las pocas dunas que quedaban en ese espacio de dominio público terrestre, que es de todos los ciudadanos de Canarias, desaparecieron”.
“Parece que hay que hacer ese tipo de cosas que a nadie le gusta hacer, que es paralizar una obra, para que nos presten atención. De ahí la respuesta ciudadana del sábado” en las “enormes” manifestaciones en todas las islas y en varias ciudades españolas y europeas, que fueron “una especie de referéndum” por un “cambio de modelo”.
El portavoz de 'Canarias se agota' ha confiado en que la reunión con el Diputado del Común sirva para “abrir un canal de diálogo con el Gobierno de Canarias y abordar algunas de nuestras peticiones”.
Se ha mostrado sorprendido porque tras la demostración de “hartazgo” de la ciudadanía no haya habido “respuesta” por parte de las administraciones y porque el presidente del Gobierno “no ha descolgado el teléfono todavía”.
“Estamos esperando a que se haga ese mínimo descuelgue de teléfono para decir: vamos a reunirnos, a ver qué podemos hacer”, ha dicho.
Canarias se agota no ve “voluntad política” de transitar hacia un nuevo modelo en un camino que “debería recorrer toda la ciudadanía junto con las instituciones, universidades, para planificar el futuro”.
“Se abre una etapa de participación máxima de la ciudadanía y es una oportunidad única en la historia de Canarias, lo fue la manifestación del sábado”, ha analizado Martín. “Deberían tomar cartas en el asunto. Es un clamor de la ciudadanía”, ha cerrado.
Escasez de viviendas en las Islas
El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha indicado por su parte que las manifestaciones del 20A tienen dos interpretaciones, la primera, que fue “una gran protesta por la falta de planificación de los últimos 30 años en materia básica como la vivienda” y tampoco se ha “apostado de verdad” por el transporte público.
Y en segundo lugar, ha proseguido, “es una llamada de atención a la reflexión, en el sentido de pensar un territorio insular y frágil, que tiene un límite que debe ser valorado entre todas las fuerzas políticas y sociales para llegar a un consenso”.
Sobre la vivienda pública, Yanes ha ahondado en que “es un fracaso colectivo el hecho de no apostar por la vivienda pública” en los últimos 30 años, y además en la década de los 90 del siglo pasado se vendieron 20.000 viviendas públicas que “pasaron a ser 20.000 herencias privadas a personas que necesitaban o no las mismas”.
Todo esto hace que Canarias tenga un 1% de viviendas públicas de todo el parque y que ante la emergencia habitacional actual “la administración no tiene herramientas para afrontarla”.
Ha recordado que la Diputación del Común realizó un informe específico sobre vivienda en el que proponía 39 medidas que se pueden condensar en dos: construir vivienda pública con carácter permanente y dedicarla al alquiler.
“Si tuviéramos un parque de vivienda pública potente, la incidencia de la vivienda vacacional sería ínfima”, ha zanjado.