Coalición Canaria aforará como senador autonómico a su líder en Lanzarote, imputado por seis delitos
Pedro San Ginés, que seguiría los mismos pasos hacia el Supremo que Miguel Zerolo y Fernando Clavijo, ni confirma ni desmiente su estrategia: “El Supremo no absuelve a culpables, que yo sepa”
El lanzaroteño Pedro San Ginés se perfila como próximo senador por la Comunidad Autónoma de Canarias por el cupo correspondiente a Coalición Canaria, según han confirmado fuentes de ese partido de modo aún no oficial. Su designación, junto a la de los otros dos senadores, que por representación parlamentaria corresponderá designar al PSOE y al Partido Popular, se efectuará una vez comience formalmente la undécima legislatura y se proceda a dar trámite a la sesión de investidura del nuevo presidente, Fernando Clavijo, lo que está previsto para los próximos días 11 y 12 de julio.
En una entrevista concedida a este periódico, el que fuera durante diez años presidente del Cabildo de Lanzarote (2009-2019) ni desmiente ni confirma su candidatura al Senado: “Es una propuesta cuya formulación no está confirmada, que yo no he pedido y que, de confirmarse, lo sería a propuesta de mi grupo político, que como sabe está liderado por Fernando Clavijo”.
Pedro San Ginés decidió apartarse de la primera línea política meses antes de las elecciones de mayo pasado por las complicaciones penales en las que se haya envuelto en los juzgados de instrucción de Arrecife, donde se le investiga por seis posibles delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios del abogado Ignacio Calatayud, su amigo. Su designación como senador lo convertiría en aforado, con lo que las causas que tiene en curso pasarían a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el canario Manuel Marchena.
A esa Sala de Marchena correspondió en 2020 y el pasado mes de marzo dar carpetazo a dos causas penales consecutivas que tenían como investigado al inminente presidente Fernando Clavijo, los llamados caso Grúas y caso Reparos, que fueron despachados por el Supremo sin ni siquiera llamarlo a declarar como investigado, a pesar de los duros escritos remitidos desde Canarias por las juezas y los fiscales que lo investigaron.
Clavijo también se acogió a la fórmula del aforamiento ante el Supremo mediante su nombramiento como senador por la Comunidad Autónoma en 2019, justo tras perder las elecciones. Prefirió esos privilegios procesales antes de quedarse como líder de la oposición en el Parlamento canario.
No fue sin embargo Clavijo el primer alto cargo de Coalición Canaria que optó por guarecerse en el Supremo. También lo hizo en 2011 con la misma fórmula pero con suerte contraria el ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo en los meses más álgidos del llamado caso Las Teresitas, por el que finalmente resultó condenado a siete años de prisión. Zerolo, sin embargo, optó por renunciar a su acta de senador en 2014 después de ser condenado por el Supremo a ocho años de inhabilitación especial por adjudicar unas obras ilegalmente, por lo que fue juzgado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la causa que le llevó a la cárcel. Ahora goza del tercer grado penitenciario.
El caso de Pedro San Ginés es igual de endiablado porque, además de la instrucción en la que se investigan los contratos del Cabildo de Lanzarote con el abogado Ignacio Calatayud, también investigado junto a su esposa, está a punto de sentarse en el banquillo como acusado por un presunto delito de denuncia falsa. Le acusa la hija de un empresario que falleció arruinado tras ser víctima de lo que la familia considera una persecución promovida por Sanginés desde el Cabildo lanzaroteño por unos contratos con la empresa pública responsable de los centros turísticos de esa Corporación que él tachó de fraudulentos.
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