Coalición Canaria ficha para su Gobierno a cuatro altos cargos investigados, uno por agresión sexual

El Gobierno de Canarias sigue engordando cada semana su lista de altos cargos. Entre las personas designadas hasta ahora por Coalición Canaria (que cuenta con siete de las doce consejerías que componen el Ejecutivo del que también forma parte el PP) cuatro se encuentran inmersas en causas judiciales. Uno de ellos es Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, investigado por prevaricación administrativa en la gestión del Consorcio de Aguas de Fuerteventura cuando presidía dicho organismo. Entre el resto de altos cargos destaca el exalcalde de San Mateo, Antonio Ortega, ahora director general de Vivienda y que está siendo investigado por agresión sexual. 

Este mes el Consejo de Gobierno liderado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha nombrado a José Montelongo, director de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias, investigado en el caso Montecarlo y a Verónica Meseguer, investigada en una causa de presuntos contratos irregulares a la Casa de la Juventud de Santa Cruz de Tenerife y nombrada recientemente directora general de Mayores y Participación Activa. 

Imputado por prevaricación 

Manuel Miranda tomó posesión como consejero de Política Territorial y Aguas el pasado 15 de julio. Precisamente su gestión del abastecimiento de aguas en Fuerteventura le ha llevado a estar imputado por un delito de prevaricación. Nacido en Fuerteventura, lleva más de 20 años dedicado a la política local. Ha sido alcalde de Puerto del Rosario, la capital de la isla, y consejero en el Cabildo insular. 

Cabrera está siendo investigado por su gestión del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) cuando presidía dicho organismo. La Fiscalía presentó en 2018 una querella que puso de manifiesto supuestas irregularidades en la adquisición de agua de pozos, contratación de maquinaria, compra de combustible y transporte de cubas de agua.

Según la investigación, los servicios se contrataron de manera “arbitraria”,sin ningún proceso de contratación o concurso de licitación. La Fiscalía solicitó para Miranda en 2022 una pena de diez años de inhabilitación por contratar presuntamente de forma irregular dos millones de euros en servicios de transporte entre 2008 y 2015. 

Agresión sexual 

Antonio Ortega fue alcalde del municipio grancanario de San Mateo entre 2011 y 2023, hasta que fue relevado el pasado mes de mayo del poder por Alexis Ramos, de Unión Veguera (UVE), que gobernará con Isabel Peñate, de Alternativa por San Mateo (AxSM) gracias al apoyo externo del PSOE para la investidura. Cuando Ortega llevaba más de diez años en el cargo, en 2022, el juzgado abrió diligencias contra él por una presunta agresión sexual ocurrida en 2017. En el momento de los hechos, en verano de 2017, la denunciante tenía 24 años y vínculos familiares con el exalcalde. 

La denunciante aseguró que acudió al despacho del entonces alcalde porque otra familiar suya le recomendó que lo visitara para que le tratara la dolencia de una muñeca. Según relató a la Policía, fue entonces cuando se produjeron los tocamientos pese a sus intentos por escapar. Él lo niega y espera ser absuelto.

Ortega llegó al poder con la Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), aliada de Coalición Canaria oficialmente desde el año 2018 con la coalición Juntos por Gran Canaria. Esta alianza incluye a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, investigada también en cinco procedimientos judiciales, pero que no cuenta ahora mismo con ningún cargo en el Gobierno aunque sí que ha vuelto a ostentar la Alcaldía del municipio.  

El caso Montecarlo 

Fernando Clavijo ha nombrado a José Montelongo como nuevo director de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias. Montelongo alcanzó la Alcaldía de la capital de Lanzarote, Arrecife, en 2015 como miembro del PSOE. Sin embargo, en 2016 se vio obligado a dimitir por su imputación en el caso Montecarlo. Esta trama se dividió en cinco piezas diferentes. Cuatro de ellas ya han sido juzgadas y el político ha sido absuelto. Sin embargo, aún está pendiente la quinta, en la que se juzgarán los pagos a empresas por servicios no realizados e irregularidades en la contratación y justificación de estos servicios.

La Fiscalía pide en esta pieza cuatro años y medio de prisión para Montelongo por los pagos a la empresa Tunera durante su etapa como concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Arrecife. El escrito de acusación sostiene que entre 2009 y 2012 el entonces interventor de la corporación municipal, Carlos Sáenz, “se concertó” con Tunera Producciones para obtener fondos públicos “de manera ilegal” mediante pagos por servicios “que nunca se prestaron”. De esta forma, la compañía obtuvo solo en 2009 más de 320.000 euros de dinero público. 

El juicio de esta última pieza estaba previsto para principios de este año, pero tuvo que ser aplazado por la huelga de letrados de la administración de Justicia. Así, se prevé que arranque en enero de 2024. En total, once acusados se sentarán en el banquillo investigados de delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad documental y prevaricación administrativa. 

Tras su dimisión como alcalde, Montelongo no abandonó la vida política. El lanzaroteño fundó la Agrupación Socialista por Lanzarote (ASL). Sin embargo, en las elecciones locales del pasado 28 de mayo se presentó en las listas de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Arrecife. Aunque el PSOE fue la fuerza más votada en la ciudad, un pacto entre el PP y CC dio la Alcaldía a la popular Astrid Pérez, que después dio el salto a la Presidencia del Parlamento de Canarias. Este acuerdo permitió el regreso de Montelongo a la corporación como concejal de Urbanismo. Un puesto que ahora abandona para formar parte del Ejecutivo regional. 

La Casa de la Juventud 

La nueva directora general de Mayores y Participación Activa es Verónica Meseguer. La exconcejala de Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está investigada por malversación de fondos públicos y prevaricación. Una causa que se encuentra en el juzgado de instrucción número dos. Se investigan cuatro expedientes de contratación de los servicios de apertura, dinamización y cierre de la Casa de la Juventud, que fueron fraccionados y adjudicados todos ellos a dos empresas del Grupo Ralons por un importe global de 52.727,4 euros por ocho meses. 

Se trata de expedientes que incorporan facturas de periodos en los que la instalación estaba cerrada y en los que, por lo tanto, el servicio no pudo ser prestado. La querella presentada por el grupo socialista remarca, además, que de los cuatro trabajadores contratados dos pertenecían a CC, ocupando una de ellas en la actualidad un cargo de confianza en el Ayuntamiento, y los otros dos eran “personas afines” a este partido. En la causa también está investigada la funcionaria María del Pilar Rodríguez. 

La imputación que impidió a Clavijo ser presidente en 2019

Fernando Clavijo no fue investido presidente en 2019 porque Vidina Espino, entonces en Ciudadanos, vetó que un investigado pudiera presidir un Gobierno. Entonces, el líder de CC estaba imputado en el caso Grúas por prevaricación y malversación y en el caso Reparos. Ante la imposibilidad de ser designado de nuevo jefe del Ejecutivo de Canarias huyó al Senado y quedó aforado en el Tribunal Supremo. 

Quien se opuso a que fuera presidente es la misma diputada que decía que venía a la política para acabar con los chiringuitos de Coalición Canaria. Sin embargo, poco tiempo después se pasó al grupo mixto convirtiéndose en tránsfuga. En las últimas elecciones, se presentó como candidata al Parlamento por el mismo partido nacionalista que tanto criticó años atrás. Hace unos días, Espino recogía su acta de diputada al ser nombrado el número uno de la lista, Pablo Rodríguez, como consejero de Obras Públicas. 

Los senadores de CC, uno investigado y otro procesado 

En esta nueva legislatura, los altos cargos que tienen causas judiciales pendientes llegarán también al Senado. Coalición Canaria tendrá dos senadores, uno investigado y otro procesado. El Parlamento de Canarias ha designado como senador por la comunidad autónoma a Pedro San Ginés, investigado en seis delitos relacionados con la corrupción.

El expresidente del Cabildo de Lanzarote está investigado por pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios. San Ginés se presentó como número dos en la lista de CC en Lanzarote al Parlamento de Canarias. Fue elegido y ahora ha sido designado senador.

Con su llegada a la Cámara Alta, San Ginés adquiere la condición de aforado. Así, será la Sala Segunda del Tribunal Supremo la encargada de instruir las causas pendientes contra él. Su puesto en el Parlamento canario lo ocupará Oswaldo Betancort, actual presidente del Cabildo de Lanzarote, que también fue diputado en la legislatura pasada.

Javier Armas es el otro de los senadores que ha sido elegido tras las elecciones del 23J por la isla de El Hierro. Es presidente de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), que concurrió con CC a las elecciones generales. Actualmente, está procesado en el denominado caso Vertederos por el que se enfrenta a una pena de once años de cárcel por permitir presuntamente vertidos incontrolados durante su etapa como consejero del Cabildo de El Hierro. 

En concreto,  la Fiscalía lo acusa de consentir vertidos en tres áreas protegidas de la isla cuando era consejero del Cabildo. Uno en La Dehesa, en las inmediaciones del Faro de Orchilla, dentro del espacio natural protegido Parque Rural Frontera. Otro, un desguace ilegal de vehículos en la Zona de Punto Limpio de El Majano. El tercero, un vertedero situado en La Cumbrecita. 

Armas fue investido como presidente del Cabildo de El Hierro en julio de este año, pero su mandato duró apenas unos días, hasta que se consumó la moción de censura que lideró su hermano, el socialista Alpidio Armas, en alianza con Asamblea Herreña e Izquierda Unida-Reunir.