Análisis

Coalición Canaria no quiere inmigrantes y está dispuesta a todo, incluso a ser menos nacionalista

Que a Coalición Canaria no le gusta la inmigración no es ninguna novedad. Que la utiliza como arma electoral y de confrontación con sus adversarios, particularmente contra el PSOE, tampoco. Lo ha demostrado a lo largo de toda su existencia con sus reacciones ante las diversas crisis migratorias que se han producido en las Islas Canarias. Desde que tomó posesión el Gobierno de Fernando Clavijo (a medias con el Partido Popular, apoyado desde La Gomera por Casimiro Curbelo), no han cesado los gestos contra los inmigrantes con el objetivo de quitárselos de encima arguyendo la defensa de sus derechos o el drama de los centenares de muertes que se están produciendo en la ruta canaria, cuando lo que en realidad subyace es una posición de rechazo por una rivalidad electoral con fuerzas como Vox, sí como Vox, particularmente en la isla de Tenerife. Ha habido de todo, desde potenciar a la Policía Canaria proponiéndola como fuerza de choque para el control fronterizo con África, como hizo Vox cuando propuso movilizar a la Armada, a visitar al Papa para internacionalizar el enfrentamiento del Gobierno regional con el de Pedro Sánchez. Lo que no estaba en ningún manual es que Coalición Canaria, que presume de nacionalista, esté dispuesta a renunciar a soberanía, a competencias autonómicas exclusivas (la de protección de menores) a favor del Estado para utilizar políticamente este fenómeno. 

La iniciativa tomada desde el Gobierno regional (Coalición Canaria-Partido Popular) de promover una reforma legal que obligue a todas las comunidades autónomas a admitir en sus recursos de atención social a niños, niñas y adolescentes inmigrantes llegados a Canarias es una ocurrencia que nació prácticamente condenada al fracaso. Aunque en el Archipiélago todas las fuerzas parlamentarias, excepto Vox, se vieron obligadas a sumarse a la iniciativa ante la presión mediática que provocaba la llegada de unos 5.000 menores este último año, su tramitación en las Cortes Generales deberá contar necesariamente con el concurso del PP, algunos de cuyos dirigentes territoriales ya han dado sobradas muestras de no querer oír hablar del asunto.

Las hemerotecas están llenas de demostraciones contrarias a la inmigración por parte de Coalición Canaria. No hay que irse muy lejos, cada día hay un botón de muestra. El martes, 6 de febrero el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, el lanzaroteño Pedro San Ginés, inició la cruzada contra la construcción de “un gran centro de internamiento de extranjeros” en la localidad lanzaroteña de Güime, en el término municipal de San Bartolomé. Así se lo preguntó al ministro de Administraciones Públicas, con un añadido que vino a ser el fondo de la pregunta: “Por qué se ha elegido Lanzarote y en concreto esa localización para ubicar ese gran centro para internamiento de las personas migrantes que llegan a otras islas, un centro que ni estaba previsto ni respeta el Pacto Canario por la Inmigración que el PSOE suscribió”. Lanzarote está a 140 kilómetros de la costa africana; es la segunda isla más cercana al continente y, consecuentemente, una de las que más embarcaciones recibe. Pese a que no se trata de ampliar el número de plazas de acogida sino de hacer un centro nuevo que sustituya al actual, el rechazo de Sanginés fue secundado por varias instituciones lanzaroteñas gobernadas por su partido y por el PP. No quieren inmigrantes en la isla, de eso no hay duda.

Y si quedaba alguna duda del rechazo que generan los menores no acompañados llegados a Lanzarote, la reciente decisión de su Cabildo Insular, gobernado por Coalición Canaria y el PP, de prohibirles el uso del transporte público tras un violento incidente racista, ha soliviantado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Un energúmeno increpó a varios menores inmigrantes haciendo valer su condición de español provocando una pelea que fue grabada en vídeo y ampliamente divulgada por las redes sociales. En lugar de denunciar al racista que provocó la trifulca, el Cabildo de Lanzarote ha tirado por el camino de enmedio y ha decidido que lo mejor es que los inmigrantes no usen el transporte público, que queda reservado para los naturales y vecinos de la isla y para los turistas que la visitan.

Un día después de tan extravagante decisión, el organismo público Puertos Canarios, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, en manos de Coalición Canaria, hizo pública su petición a Salvamento Marítimo, dependiente del Estado, y a la Cruz Roja que dejen de desembarcar pateras y de atender a sus ocupantes a través de los puertos de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), y La Restinga, en El Pinar (El Hierro). La razón esgrimida en este caso es que se daña la imagen turística de esos municipios: “No nos gusta la imagen de esas personas a la intemperie con una manta cubriéndoles los hombros'', ha dicho el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, de Coalición Canaria. Se trata de quitarse a los inmigrantes de encima, y en este caso, además, de esconderlos, de que desembarquen en recintos portuarios propiedad del Estado, aunque no reúnan las mejores condiciones para un rescate seguro, como han manifestado los expertos.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que se ha convertido en un referente municipalista en Coalición Canaria, lleva meses clamando sin disimulo por que le quiten a los inmigrantes de Arguineguín y de todo su municipio. Fue la alcaldesa que abrió expedientes sancionadores a todas las empresas hoteleras que, durante la pandemia, con un cero turístico, alquilaron edificios de apartamentos al Gobierno de Canarias (entonces en manos del PSOE, Nueva Canarias y Podemos -con la bendición de Casimiro Curbelo-) para albergar a personas migrantes ante la falta de capacidad en los recursos públicos para atenderlas. Y es la misma alcaldesa que ha actuado de igual modo contra la decisión del actual Ejecutivo regional de alquilar un edificio de apartamentos para atender a personas dependientes con alta hospitalaria que no pueden ser atendidas por sus familiares. Ni negros, ni moros ni pobres. 

Primero los electores; luego los inmigrantes

Pero este rechazo al inmigrante por parte de Coalición Canaria no es nuevo. Cuando el Gobierno de España decidió abrir un centro de atención de personas migrantes en el viejo acuartelamiento militar de Las Raíces, en el municipio tinerfeño de La Laguna ante un repunte migratorio, la reacción de los dirigentes locales de Coalición Canaria -entonces en la oposición- fue similar. El que fuera alcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, emitió un comunicado abrazando las tesis más xenófobas de Vox, clamando por “la defensa de los intereses laguneros” frente a los de los inmigrantes y exigiendo “trato preferente de las vecinas y vecinos en políticas sociales”. Como si atender a las personas migrantes que llegan a Canarias mermara alguno de los derechos o afectara a los intereses de los habitantes del municipio o de la isla.

Desde su toma de posesión, el actual Gobierno de Canarias ha exhibido tras cada reunión de su Consejo de Gobierno su posición sobre la inmigración, siempre señalándola como una responsabilidad del Estado, y en ocasiones, de la Unión Europea. Ha declarado la emergencia social, ha clamado contra el presidente Pedro Sánchez por no haber acudido a visitar las islas en los momentos más álgidos de la llegada de pateras y cayucos, ha exigido con escaso éxito a las demás comunidades autónomas solidaridad para la derivación de menores no acompañados…

Esa exhibición tuvo su punto álgido en la visita que el presidente, el vicepresidente, dos  consejeras y tres obispos de Canarias (los titulares de ambas diócesis más el auxiliar de una de ellas) giraron al Vaticano para exponerles el asunto al papa Francisco en persona. El objeto de la audiencia con el Papa era, según la nota de prensa preliminar, exponerle “la emergencia migratoria registrada en los últimos meses en Canarias”. La visita concluyó con una invitación formal a que el pontífice visite Canarias para que pueda ver con sus propios ojos el tamaño de la emergencia.

Desde el punto de vista político, el Gobierno de CC y el PP se ha movido entre la exigencia al Estado para que obligue a las demás comunidades autónomas a acoger menores migrantes a promover una reforma legislativa que convierta esa obligación moral y solidaria en obligación legal. Un reto que, además de las cautelas legales que implica contravenir la Constitución, se torna imposible teniendo en cuenta que tal reforma ha de contar necesariamente con el concurso del Partido Popular, algunos de cuyos dirigentes autonómicos ya han manifestado su rechazo a esa solidaridad, a pesar de que en Canarias ese mismo partido forma parte del Gobierno que sufre esa “emergencia migratoria”.

El texto que hizo circular el Gobierno de Canarias con sus propuestas de reformas legales es muy elocuente desde el título elegido para el archivo digital que se distribuyó para su estudio hasta el propio enunciado del documento, con membrete de la Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. “Propuesta modificación normativa MENAS”, se llama el archivo que se está distribuyendo de un texto que lleva por título, así, con todas sus letras mayúsculas: “MENORES EXTRACOMUMITARIOS (sic) NO ACOMPAÑADOS QUE ACCEDEN DE FORMA ILEGAL AL TERRITORIO ESPAÑOL POR LOS PUERTOS Y COSTAS CANARIAS EN CAYUCOS O PATERAS O BIEN SON RESCATADOS EN ALTA MAR POR SALVAMENTO MARÍTIMO Y DESEMBARCADOS EN LOS PUERTOS CANARIOS. LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ACTUAL QUE GARANTICE SU PROTECCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SU

DISTRIBUCIÓN EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL“.

MENAS e ilegales

MENAS e ilegales, las dos etiquetas que más estigmatizan y que menos contribuyen a que la ciudadanía empatice con estas personas. El término MENAS, acrónimo de menores extranjeros no acompañados, ha caído en desuso entre los expertos después de que la derecha y la ultraderecha lo hayan asociado a la delincuencia. E ilegales es una atribución peyorativa y difamante que, además de asociar también a esas personas con el delito, es incorrecto por tratarse en todo caso de personas que entran en el país de manera irregular.

Para esquivar la competencia que tienen asumidas las comunidades autónomas en esta materia se lo despachó así el autor del documento en el que se propone la reforma legislativa: “El hecho de que las Comunidades Autónomas tengan competencias sobre protección de menores, ejerciendo la guarda y la tutela administrativa por ministerio de la ley, en caso de desamparo, no supone un desentendimiento del Estado de su competencia exclusiva en materia de extranjería también vinculada al principio de interés superior del menor, al tratarse de menores extranjeros que acceden ilegalmente a territorio español”. Es decir, al ser el Estado el competente en materia de extranjería y ser estos menores extranjeros que entran “ilegalmente” en el país, la competencia pasa a ser suya.

La fórmula escogida es modificar el artículo 172.1 del Código Civil añadiéndole un párrafo y el Protocolo Marco “sobre determinadas actuaciones en relación los Menores Extranjeros No Acompañados aprobado por acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio”.

El párrafo que se propone añadir al artículo 172.1 del Código Civil es el siguiente:  “En el caso de los menores extranjeros no acompañados, la Comunidad Autónoma por cuyo ámbito territorial acceda el menor a territorio español, una vez constata su situación, deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, pero no asumirá la tutela hasta el momento en que por la Administración del Estado se le notifique que el menor quedará bajo su protección. En caso de que dicho menor fuera trasladado a otra Comunidad Autónoma o Ciudades Autónomas de Ceuta o Melilla, serán las entidades públicas de protección de dichos territorios las que, una vez constatada la situación de desamparo de los menores que le han sido trasladados, asuman su tutela”.

Es decir, un Gobierno pretendidamente nacionalista renunciando a una competencia y pidiendo al Estado que la asuma en su lugar.

¿Y cuál va a ser la posición del PP? Luz Reverón, parlamentaria regional, es la responsable de esta negociación. Según ha dicho a este periódico, “por lo que nosotros abogamos desde el minuto uno, además de las modificaciones legislativas que entiendo que sí hay que hacer, es intentar buscar un acuerdo con todas las comunidades autónomas sin excepción, y eso lo tiene que liderar el Estado, para poder hacer ese traslado de menores extranjeros no acompañados”. Pero, claro, en su partido no hay precisamente buena predisposición: “Lo que sí te puedo decir es que las comunidades autónomas del PP se han quejado de falta de información. Madrid ha acogido menores, una de las tres del PP que ha asumido. Madrid se queja de falta de información, ‘dígame a quién me manda y en qué condiciones’, lo que no puedes hacer es gestionar una situación a ciegas”.