Coalición Canaria denunciará a la alcaldesa de La Oliva (Fuerteventura) por “vetar” el acceso a documentación

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 9 (EUROPA PRESS)

Coalición Canaria (CC) en La Oliva (Fuerteventura) ha anunciado que emprenderá acciones judiciales contra la alcaldesa de dicho municipio, Rosa Fernández (PSOE), por “vetar de manera reiterada” el acceso a la documentación solicitada por los nacionalistas sobre la gestión del grupo de gobierno.

CC apuntó, en un comunicado, que la última vez que se les impidió acceder a la documentación fue cuando la concejal nacionalista Soledad Monzón solicitó información sobre el tipo de contratos laborales firmados por el equipo de gobierno, así como la fecha de finalización de cada uno de ellos y el departamento municipal asignado a los nuevos empleados.

“La alcaldesa de La Oliva se resiste a facilitar los datos solicitados por la edil de CC amparándose en la Ley de Protección de Datos, pese a que la solicitud de Soledad Monzón no contempla la petición de ningún dato personal de carácter 'reservado' de los trabajadores”, aseguró Coalición Canaria.

Al respecto, Monzón señaló que “en una operación urdida con malicia, la alcaldesa remitió un escrito a cada uno de los nuevos trabajadores comunicándoles que CC había solicitado información de 'carácter reservado' referente a su contrato laboral”, provocando esto “incertidumbre y confusión” entre los empleados.

La edil recordó que la jurisprudencia “obliga” al Ayuntamiento a “facilitar la documentación solicitada por la oposición y que cualquier intento de entorpecer la labor de los concejales electos es un atropello y un ejercicio de oscurantismo impropio de una institución democrática”.

Por todo ello, CC consideró que los “obstáculos” puestos por Fernández les “hacen pensar que existen datos que no quiere que trasciendan” a la opinión pública porque “pondrían de manifiesto la arbitrariedad de la corporación en las contrataciones”.

Finalmente, Coalición Canaria afirmó que “no cejará en su empeño hasta que el grupo de gobierno, en cumplimiento de sus obligaciones, facilite” los datos solicitados, de los que “no se requiere autorización al ser datos públicos”.