Coalición Canaria pretende que una nueva ley autonómica liberalice más el suelo en La Palma, La Gomera y El Hierro. La conocida como Ley de Islas Verdes actual quedaría derogada y se sustituiría por una nueva norma que permita, entre otras actividades, el alquiler vacacional en todas las zonas, independientemente de la calificación del suelo. Se trata de una norma que despierta dudas jurídicas y que abre la puerta al desarrollismo en estas islas al acortar los límites.
El Parlamento de Canarias ha acordado este jueves en el último pleno del año que se tramite esta norma, apoyada también por ASG y PP y que ha despertado duras críticas por parte de Podemos, Nueva Canarias y PSOE. Antonio Castro (CC) justificó su necesidad en que todas las islas se han desarrollado en los últimos años excepto La Palma, La Gomera y El Hierro y en que el principal motor económico de las islas, el turismo, avanza a dos velocidades, por lo que considera que es necesario generar expectativas de crecimiento en estas islas.
Hace dos años que se aprobó la conocida como Ley de Islas Verdes en Canarias, antes de la polémica Ley del Suelo, y ya es la tercera modificación que se realiza. Además, la Justicia declaró inconstitucional una disposición adicional de esta Ley, que consideraba de interés insular once proyectos anulados por el Tribunal Supremo en 2015. Con la norma, estas tres islas apenas han experimentado cambios, pero según ha recordado la oposición, esto no es motivo suficiente para tratar de poner solución desde el Parlamento, que no debería suprimir los límites establecidos para las actividades que se realizan en suelo rústico ya que, según Román Rodríguez, existen dudas de que esta Cámara sea competente para ello. El diputado de Podemos, Manuel Marrero, además, ha reprochado que esta ley se tramite por la vía de urgencia, lo que restringe la capacidad de los diputados de participar en plenitud en el procedimiento legislativo y que además la ciudadanía no pueda hacer aportaciones.
Uno de los puntos más llamativos de la nueva ley es que prohíbe que los instrumentos de ordenación puedan imponer limitaciones cuantitativas y cualitativas a las instalaciones turísticas en suelo rústico. Esto, incluiría los planes insulares, territoriales, turísticos, municipales, así como planes y normas de Espacios Naturales Protegidos y planes rectores. Precisamente, se trata de uno de los apartados que criticó el presidente de Nueva Canarias en el pleno ya que, con ello, sostiene que CC solo pretende “seguir desregulando”, un punto en el que coincide Podemos.
Otro de los artículos que genera controversia de esta proposición de ley es el número 19, donde se establece que tienen consideración de “uso ordinario del suelo rústico” las actividades y construcciones turísticas calificadas como ordinarios en la ley del suelo y en los artículos 15 y 16 de esta norma. En ellos se hace referencia a establecimientos alojativos de 40 plazas, en el caso de los pequeños, y hasta 200 en el caso de los medianos. Establecimientos que solo requieren de licencia municipal y comunicación previa al inicio de la actividad.
La nueva norma pretende apoyarse en la Directiva de Servicios europea, por lo que expertos consultados consideran que, con ello, es posible saltarse la normativa ambiental y la regulación sobre el régimen de propiedad del suelo rural. Esta situación abre así la puerta a la liberalización de la actividad turística, generando efectos en el territorio.
La diputada del PSOE Nayra Alemán estima que no se puede decir por tanto que el Gobierno de Canarias está luchando contra el cambio climático al mismo tiempo que presenta esta norma y reprochó que, por ejemplo, aún no se haya sacado adelante la oficina de información jurídica necesaria para la aplicación de la Ley del Suelo.
En el pleno de este jueves Manuel Marrero además lamentó que precisamente sea esta ley junto a la del suelo aquellas en las que CC pone más empeño en sacar, olvidándose de otras como la Ley de Servicios Sociales. “Primero las obras, convertir las islas en un inmenso solar para la especulación y, en última instancia, los intereses generales de la mayoría social”, destacó el diputado de la formación morada.