- La portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, responde que su partido no ha hecho ninguna valoración sobre el fallo que manda a la cárcel a Miguel Zerolo
Silencio absoluto en Coalición Canaria sobre la sentencia del Supremo que confirma la condena de cárcel a Miguel Zerolo por el caso Las Teresitas. Han pasado cuatro días desde que se conociera el fallo y la portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha respondido este lunes a una pregunta realizada durante su comparecencia tras la celebración el Consejo de Gobierno que su partido no ha analizado aún esta sentencia.
“No, no lo hemos hecho”. Fue la respuesta seria y tajante de Rosa Dávila, a la pregunta sobre si su partido había realizado internamente alguna valoración sobre la sentencia del Supremo, que se hizo pública desde el pasado jueves.
La consejera de Hacienda ha centrado su comparecencia en atacar al Gobierno de Pedro Sánchez por el superávit, ya que según el Gobierno de Canarias este asciende a 300 millones y no a los casi 1.000 de los que informó el pasado viernes el Ministerio de Hacienda.
La portavoz del Gobierno de Canarias volvía una y otras vez en su comparecencia a reiterar su discurso contra el Gobierno estatal y se extendía en todas las respuestas en este sentido. Sin embargo, en la formulada sobre Las Teresitas fue muy breve.
Coalición Canaria no ha pedido disculpas tras conocerse el fallo. El pasado viernes el secretario general del partido, José Miguel Barragán se limitaba a recordar las palabras del presidente regional, Fernando Clavijo (CC) en el Parlamento en el año 2017 cuando dijo que pedía disculpas como afiliado “por la incorrecta gestión” de Las Teresitas.
El Tribunal Supremo confirmó los 7 años de prisión a Miguel Zerolo y a Manuel Parejo, que ya acumulan otras condenas por delitos relacionados con la corrupción; de cuatro años y 6 meses de prisión a Juan Víctor Reyes; cuatro años de prisión a José Tomás Martín González, y a la pena de cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Antonio Ramón Plasencia e Ignacio González Martín por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos por un precio muy superior al que tenía en realidad. También se les ha condenado a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife además no ha tramitado aún la exigencia de devolución de los 52,5 millones de euros que pagó por el frente de playa de Las Teresitas y que supuso un pelotazo de 150 millones de euros para los empresarios condenados.