La histórica ley de amnistía es ya una realidad. Tras el Pleno de este jueves, que por momentos ha intentado reventar la extrema derecha con insultos, gritos e interrupciones durante la intervención del diputado socialista que defendía la norma, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la medida de gracia que pone el punto y final a las consecuencias penales derivadas del procés.
La mayoría absoluta de la Cámara, con 177 votos a favor y 172 en contra –ha faltado al Pleno una diputada de Podemos por cuestiones personales–, ha respaldado una norma que han rechazado los diputados de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, que marca distancia con esta votación de su socio en las europeas, el PNV.
El PP ha buscado cómo detener la norma desde el inicio de su tramitación, ante la certeza de que sería aprobada. Ha buscado alargar los tiempos, y ha flirteado con un inédito conflicto entre el Senado y el Congreso que, finalmente, han descartado. A los de Feijóo les queda el recurso ante el Tribunal Constitucional que, tal y como han anticipado siempre desde la dirección del partido, presentarán sí o sí.
La aprobación de la ley, y su publicación en el BOE, implicará su entrada en vigor, pero no su inmediata aplicación. La norma establece un periodo de dos meses para que cada juez que instruye alguna causa susceptible de ser modificada por la amnistía la aplique. Pero, además, es previsible que se planteen diferentes tipos de recursos contra la norma. Desde los que partidos y jueces puedan plantear al Tribunal Constitucional, como ante instancias jurisdiccionales supranacionales, como el Tribunal de Justicia de la UE, entre otros.
Sobre la ley se han redactado y difundido decenas de artículos e informes jurídicos a favor y en contra (la mayoría, cuando se trata de la opinión de jueces y fiscales). En el PP se ciñen a estos, y obvian otros como el de la Comisión de Venecia, que no cubrió las expectativas de Feijóo. El organismo, dependiente del Consejo de Europa (ajeno a la UE), avaló que la amnistía es una herramienta legal y aplicable, optó por no entrar en el fondo de la norma que se estaba tramitando y solo criticó que se hubiera optado por la proposición de ley y el trámite de urgencia, en lugar de que el Gobierno hubiera hecho un anteproyecto de ley, un procedimiento más prolijo.
Así, nadie sabe realmente cuándo podrán beneficiarse de la ley los líderes del procés que salieron de España en 2017 para no ser detenidos por el referéndum del 1 de octubre.
Aunque la norma no solo aplica a los políticos, sino que está pensada también para cientos de activistas independentistas, así como para los policías que intervinieron en las cargas del 1-O, el foco está en quienes como Carles Puigdemont, Toni Comín o Carla Ponsatí acumulan más de seis años de huída o exilio, según la visión de cada cual.
La ley borra los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 para lograr la independencia de Catalunya, y se incluyen aquellos actos de terrorismo que no estén expresamente tipificados como tales por las leyes internacionales o los delitos de malversación (corrupción) que no hayan implicado lucro personal. Quedan excluida la traición.
Tras una tramitación “de urgencia” que ha durado seis meses desde que la proposición fue registrada por el PSOE, y con discrepancias entre los partidos que la han aprobado que obligaron a rehacerla en parte, la ley verá la luz con la oposición en la calle clamando contra la norma.