Coalición Canaria (CC) tendrá dos senadores la próxima legislatura. Uno de ellos, Javier Armas, ha resultado elegido en las elecciones del 23 de julio por la isla de El Hierro. El otro, Pedro San Ginés, será designado este martes por el Parlamento en nombre de la Comunidad Autónoma. Sobre ambos penden causas judiciales. El primero está procesado en el denominado caso Vertederos. Se enfrenta a una pena de once años de cárcel por permitir vertidos incontrolados durante su etapa como consejero del Cabildo de El Hierro. Al segundo, expresidente del Cabildo de Lanzarote, lo investiga un juzgado de Arrecife por seis delitos (pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad documental) vinculados a los contratos y honorarios pagados durante su etapa en la corporación insular a un abogado amigo, Ignacio Calatayud, imputado en la misma causa. Este letrado es, además, el mismo que defiende a Armas, el otro senador de los nacionalistas, en el procedimiento en su contra.
El Comité Ejecutivo de CC decidió el pasado miércoles proponer a San Ginés como senador por la comunidad autónoma. De esta manera, el expresidente del Cabildo de Lanzarote se convertirá en aforado y el procedimiento pasará a manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside el canario Manuel Marchena. Sucederá en este puesto al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que también se aforó durante la pasada legislatura para afrontar las causas judiciales por las que permaneció imputado, los casos Grúas y Reparos, ambos archivados por el alto tribunal sin que fuera citado a declarar. En el último de ellos, que investigó la prórroga sistemática de contratos durante su etapa como concejal y alcalde de La Laguna en contra de los reparos del interventor, no apreció prevaricación en una actuación que definió como “dejación, desidia, desorden o mala gobernanza”.
El llamado caso Minutas investiga si Calatayud y San Ginés actuaron en connivencia para que el abogado se apropiara de “ingentes cantidades de dinero” del erario público aprovechándose de su amistad con el entonces presidente del Cabildo de Lanzarote. Las diligencias se abrieron hace dos años. El Consorcio Insular del Agua y la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), ambas dependientes del Cabildo, decidieron iniciar acciones judiciales para recuperar las cantidades que, a su juicio, los imputados sustrajeron a las arcas públicas a través de las contrataciones del letrado durante el concurso de acreedores de la sociedad encargada de la gestión del agua en la isla. En concreto, se habría apropiado de más de 800.000 euros en concepto de costas judiciales.
Calatayud fue contratado por San Ginés hace unos quince años, en una época en la que el abogado iniciaba su carrera profesional y, por tanto, carecía de experiencia. El entonces presidente del Cabildo de Lanzarote y, a la vez, máximo responsable de Inalsa, ha reconocido en este procedimiento la amistad que les une. Un vínculo que ha quedado acreditado con documentos gráficos intervenidos durante la instrucción en los que aparecen compartiendo viajes y celebraciones privadas.
En esta causa se investiga también si, a cambio de esas contrataciones, San Ginés recibió como favor una sustancial rebaja del precio de la vivienda en la que reside, que es propiedad de una empresa administrada por el entonces suegro de Ignacio Calatayud, el también abogado Felipe Fernández Camero.
San Ginés anunció en noviembre del año pasado que se retiraba de la primera línea política y que no repetiría como candidato al Cabildo de Lanzarote. Sin embargo, en las elecciones del 28 de mayo hizo doblete, concurriendo en las listas de CC al Ayuntamiento de Arrecife y también al Parlamento por la isla de Lanzarote. Unos días después de ser elegido, renunció a su acta como concejal en la capital de la isla, quedándose como diputado en la Cámara regional.
En el Senado hay catorce representantes de Canarias. Once de ellos se eligen en las urnas (tres por Gran Canaria, tres por Tenerife y uno por cada una de las islas no capitalinas), mientras que los otros tres son designados por el Parlamento autonómico. San Ginés será uno de ellos. Los otros dos serán José Antonio Valbuena (PSOE) y Australia Navarro (PP).
Un presidente efímero
El único senador que ha logrado CC en las urnas es Javier Armas, que pertenece a la Agrupación Herreña Independiente (AHI), un partido insularista que formalmente se desvinculó de los nacionalistas en enero de este mismo año pero que, sin embargo, se volvió a unir a la coalición de cara a las generales celebradas este domingo. AHI es una de las once formaciones que firmaron el manifiesto Un objetivo común, la defensa de Canarias que lideró CC y agrupó a fuerzas de distinto signo bajo un proyecto político definido como “de obediencia nacionalista”. Es, también, uno de los partidos que sustentan al Gobierno de Fernando Clavijo junto al PP y la Agrupación Socialista Gomera.
Armas es el líder de AHI y ocupó la Viceconsejería de Hacienda durante la primera etapa de Clavijo como presidente del Gobierno de Canarias (2015-2019). En las elecciones del 28 de mayo concurrió como cabeza de lista al Cabildo de El Hierro. Lo hizo con AHI, en alianza con Nueva Canarias (NC), y con el compromiso de CC de no presentarse en esta isla como parte del acuerdo amistoso de desvinculación.
Fue la candidatura más votada y, por tanto, se convirtió en presidente del Cabildo de El Hierro. Su mandato, sin embargo, fue efímero. Apenas duró quince días, los que transcurrieron desde el 26 de junio al 11 de julio, fecha en la que se consumó la moción de censura que lideró el socialista Alpidio Armas, hermano de Javier, en alianza con Asamblea Herreña e Izquierda Unida- Reunir.
Armas se sentará en octubre en el banquillo por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro contra la ordenación del territorio y prevaricación. La Fiscalía lo acusa de consentir durante años y como consejero del Cabildo de El Hierro vertidos ilegales en tres áreas protegidas de la isla. Uno en La Dehesa, en las inmediaciones del Faro de Orchilla, dentro del espacio natural protegido Parque Rural Frontera. Otro, un desguace ilegal de vehículos en la Zona de Punto Limpio de El Majano. El tercero, un vertedero situado en La Cumbrecita.
La acusación pública sostiene que esos “atentados contra el medio ambiente” se pudieron cometer por “la inacción y el consentimiento” de Armas y de los otros dos acusados en este procedimiento por el que la Fiscalía pide para el elegido senador once años de cárcel, una multa de 19.800 euros y la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por un periodo de cuatro años.