El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias, Daniel Cerdán, pidió este martes a los grupos parlamentarios que se abra una reflexión sobre posibles modificaciones en la Ley de Transparencia para mejorar su efectividad, aunque no es una cuestión urgente.
Cerdán compareció en comisión parlamentaria para presentar el primer informe anual sobre esta ley, correspondiente a 2015, año en el que se presentaron 325 solicitudes de información por parte de los ciudadanos antes las administraciones regional, insulares y locales.
Entre las modificaciones legales o desarrollos reglamentarios que plantea el comisionado figuran que se fijen plazos a las instituciones, organismos y empresas para hacer pública la información requerida, lo que se denomina publicidad activa, así como criterios de calidad de la misma.
También deben ampliarse los requisitos de información para contratos menores de las administraciones, ya que la norma canaria es menos exigente que la estatal en este punto.
Otra demanda del comisionado es contar con instrumentos adecuados para abordar los incumplimientos en la publicidad activa, ya que actualmente es la misma administración la que tiene la capacidad sancionadora, y lo normal es que nadie se sancione a sí mismo.
El comisionado encontró en el representante del PP, Emilio Moreno, la mayor oposición a sus sugerencias de cambios legales.
El diputado del grupo Popular consideró que no es recomendable abordar modificaciones sobre una ley que sólo lleva un año de aplicación y que fue aprobada por unanimidad en la legislatura pasada, porque “se genera sensación de que no sirve para nada y que es inaplicable”.
En todo caso, debe producirse antes un desarrollo reglamentario de la ley para no erosionar su efectividad, dijo Moreno, quien señaló que la labor del comisionado no es sancionar incumplimientos, sino realizar sugerencias e informes.
Para resolver sobre incumplimientos están los órganos de la administración o en todo caso los tribunales de lo contencioso, dijo Moreno.
Concepción Monzón, de Podemos, consideró que se trata de una ley muy mejorable, debido a las cortapisas que ponen a la transparencia y la escasa rendición de cuentas que se exige a las administraciones, lo que hace que en la práctica sea poco operativa.
La falta de instrumentos efectivos para hacer exigible el cumplimiento de la ley a instituciones y empresas, la ausencia de plazos o requisitos para facilitar la información, el silencio administrativo negativo o la utilización de formatos de archivos cerrados son algunos de los defectos que desvirtúan la norma y que crean indefensión en los derechos de los ciudadanos, según Podemos.
María Esther González, de Nueva Canarias, se mostró también partidaria de revisar cuestiones como que el silencio administrativo sea negativo, las restricciones a la información sobre contratos menores o que se facilite información de manera que sólo sea accesible para expertos.
Gustavo Matos, del PSOE, se mostró partidario de perfilar mejor el régimen sancionador y de fijar los plazos de respuesta de la administración, así como de realizar campañas divulgativas para que los ciudadanos sepan los derechos con los que cuentan y cómo ejercerlos.
Melodie Mendoza, de ASG, reclamó más medios para que el Comisionado de Transparencia pueda desarrollar sus funciones y para las administraciones locales puedan cumplir con las obligaciones de la ley.
La diputada de CC Socorro Beato también se refirió a la escasez de medios y demandó una mayor difusión de la ley y de sus herramientas para que los ciudadanos empiecen a hacer más uso de ella.