Contratistas de pequeñas obras municipales con facturas infladas, propietarios de locales de ocio pendientes de pagar sanciones, gente que controla a colectivos de inmigrantes empadronados… el listado es amplio y la Guardia Civil ya interroga a presuntos traficantes de votos relacionados con la alcaldesa de Coalición Canaria en el municipio de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, en otra investigación que se ha abierto a raíz de varias denuncias por presunto delito electoral este 26M.
Si Arucas es el Ohio electoral canario, lo de Mogán no tiene nombre. Cada cita con las urnas es motivo de sospechas. En las penúltimas, el partido aliado de CC en el municipio, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), fue señalado a posteriori por uno de sus colaboradores por cómo compró votos en 2015. En estas de 2019, a su jefa, Onalia Bueno, no solo se la escucha en una grabación con un simpatizante explicar cómo manipular el voto por correo de vecinos a los que pueda captar estos días, sino que colaboradores suyos han empezado a contar ahora su modus operandi.
Fuentes oficiales de la Guardia Civil se han limitado a explicar a este diario que “el trabajo prosigue y todas las diligencias que se practican se ponen en conocimiento del juzgado de guardia de Maspalomas”, en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana. Se refieren tanto a la investigación por la presunta compra de votos en 2015 –y las ampliaciones de esta con las grabaciones difundidas por Canarias Ahora en 2016– como a estas nuevas pesquisas de cara a las elecciones del 26 de mayo.
Sin embargo, este diario ha podido saber que de las indagaciones iniciales sobre el terreno, la Unidad de Policía Judicial ha pasado en las últimas semanas a tomar declaración tanto a empresarios denunciantes como a presuntos implicados en la compra de votos. Algunos de ellos, incluso, ya han pedido al sargento que dirige estas declaraciones cambiar sus testimonios, al negar primero estar implicados en los hechos y verse señalados después por otros declarantes.
La Guardia Civil no entra oficialmente en detalles, pide “prudencia y discreción”, incluso si estas investigaciones alcanzan internamente a explicar por qué no han fructificado anteriores denuncias en diligencias judiciales tras cuatro años. Lo cierto es que recientemente se han producido relevos de mandos en la zona, y de nuevo se ha activado la instrucción policial en torno al presunto fraude electoral.
La investigación cuenta desde hace semanas, además, con un listado de tiendas y bares, incluso de domicilios particulares donde se estaría traficando con votos. El modus operandi descrito en las denuncias de 2015 se estaría repitiendo estos días. No solo se trataría de comprar voluntades a cambio de 50 o 100 euros –en ese caso se llegó a denunciar que el mismo domingo electoral se cambiaban votos por papelas de droga–, sino de financiar estas por medio de contratistas cómplices.
Así, algunos de estos implicados ya arrepentidos habrían montado empresas para contratar obras, con el único fin de inflar facturas por pequeñas actuaciones en el municipio, cuya mayor parte del montante se destinaría a comprar voluntades de votantes de cara el 26 de mayo. Otra línea de investigación se basa en negocios que tienen deudas pendientes con el Ayuntamiento. En este caso, los recursos a esas sanciones serían admitidos a cambio de comprometer el voto de propietarios y empleados.
Según fuentes consultadas, estas nuevas diligencias estarían todavía en una fase embrionaria aunque empiezan a alcanzar cada vez a más implicados. También en el caso del interlocutor de la alcaldesa en la grabación donde le explica que cuando llegue el sobre con todas las papeletas a los vecinos que capte “no lo abran”, que ella o un colaborador de confianza se encargaría de “explicar cómo es el rollo”.
Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán desde 2015 que compagina su cargo público con la actividad empresarial de una sociedad de la que es administradora única sin que entienda que incurre en incompatibilidad, se ha convertido en este último mandato en uno de los aliados más fieles en la isla de Gran Canaria del presidente canario, Fernando Clavijo (CC). Tanto que su partido, Ciuca, participa en actos de Coalición Canaria en la isla y CC no ha presentado candidaturas a las municipales en Mogán para dejarle a ella más espacio electoral.
Este sábado, además, Clavijo, la diputada nacional Ana Oramas y la plana mayor de Coalición Canaria tienen programado arropar a la alcaldesa en su principal acto de campaña, en la localidad de Arguineguín.
Onalia Bueno ya fue investigada por ocho presuntos delitos –entre ellos, el electoral– en el conocido como caso Góndola, cuando era la mano derecha del entonces alcalde del PP y ahora su enemigo irreconciliable, Paco González. Ambos fueron detenidos en enero de 2007 dentro de esa investigación, que después de once años de instrucción en un juzgado por el que pasaron varios jueces y fiscales, quedó archivada.
A raíz de esa detención, Onalia Bueno abandonó el PP señalada como responsable del escándalo y regresó a la política de la mano de Ciuca en 2011. Paco González siguió siendo alcalde hasta 2015, cuando perdió las elecciones ante su otrora mano derecha, que ha gobernado este mandato gracias al apoyo del PSOE.