Dos concejales del grupo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Mogán, Silverio Hernández y Julio Mejías, encargaban desde 2004, solo de palabra, obras públicas al contratista amigo de la infancia del alcalde, Francisco González.
Pablo Ernesto García Afonso, conocido por el apodo de Santos, así lo reconoció en su declaración que obra en el sumario del caso Góndola, además de admitir que nunca acudió a una subasta o concurso público para optar a esos servicios que ha facturado al consistorio, por un importe superior global de 700.000 euros.
Si bien en su declaración el contratista dice desconocer por qué el alcalde de Mogán utiliza su nombre para facturar servicios particulares cargados finalmente al ayuntamiento -como obra en las conversaciones telefónicas intervenidas: “pon ahí obra Arguineguín”, le decía el contratista al alcalde-, reconoció que eran los concejales Hernández y Mejías quien contrataban, indistintamente, sus servicios públicos para el ayuntamiento.
El hecho de que las facturas presentadas al Ayuntamiento tuvieran el visto bueno del edil de Economía y Hacienda, Silverio Hernández, lleva a la investigación del caso a cofirmar un presunto tráfico de influencias con respecto a la empresa de Santos, que en su declaración se limitó a decir que “había más trabajo” para explicar el aumento considerable de facturación desde el triunfo del PP en Mogán en 2003.