El Partido Socialista Canario-PSOE no está muy convencido de las bondades del concurso público que convocó el pasado mes de junio el Gobierno de Canarias para la distribución de la señal de la TDT y FM, que finalmente se adjudicó a la empresa Advertís Telecom.
En un tono más bien de recriminación que de apoyo al Ejecutivo regional, el portavoz parlamentario socialista, Manuel Fajardo, inquirió al consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, sobre varios puntos oscuros que han rodeado al concurso y que han sido denunciados tanto por las empresas canarias del sector audiovisual como por el Partido Popular.
Durante la sesión plenaria, las discrepancias históricas que han existido entre los actuales socios del Ejecutivo regional en torno a la gestión de Radiotelevisión Canaria se hicieron de nuevo patentes, hasta el punto de que la conservadora Águeda Montelongo dio la “bienvenida al PSOE a la lucha para acabar con la pretensión de que RTVC es la finca de CC”.
Fajardo hizo casi una veintena de preguntas a González Ortiz, inquisiciones que eran prácticamente una copia de las denuncias del PP y que no fueron suficientemente aclaradas por el consejero.
“Por que no se prorrogó el contrato y se fue a un nuevo concurso? ¿Por qué no pasó por el Consejo de RTVC? ¿Cuantas empresas canarias podrían ir solas a este tipo de concurso, cuantas en UTE? ¿Algún partido o colectivo han impugnado las bases?”, inquirió el portavoz socialista.
2,6 millones de ahorro en dos años
González Ortiz intentó contestar a sus socios todas las preguntas, aunque algunas respuestas fueron obviadas, y así insistió en que prorrogar la concesión dos años, una posibilidad que había en la misma, hubiera supuesto “que nos gastáramos 2,6 millones de euros más”, ya que la nueva licitación suponer “un ahorro del 16 por ciento” con respecto a la anterior.
El consejero también quiso despejar que “el concurso no se adelantó dos años” como denunciaron Montelongo y el diputado Fabián Martín, del Grupo Mixto, para quien resultaba “sospechosa tanta prisa”, toda vez que las empresas del sector audiovisual aseguran que “ese servicio podría costar 6 o 7 millones de euros, la mitad de lo licitado” a Advertís Telecom.
“El contrato expiraba el 31 de agosto”, insistió González Ortiz, y afirmó que “se garantizaron todos los principios de publicidad, concurrencia y transparencia al publicarse tanto en el Boletín Oficial de Canarias como en el Boletín Oficial del Estado”.
Traje a medida
Tanto Montelongo como Martín, a quienes se unieron las dudas expresadas por Fajardo, aseguraron por el contrario que “el concurso es un traje a medida” para Advertís Telecom, ya que ninguna empresa canaria podría cumplir con el pliego de condiciones ni poner en marcha el servicio en tan solo 15 días.
“Este concurso ha echado por tierra el manido discurso del Gobierno de que el trabajo es para los canarios”, aseguró Martín.
Según la oposición, los requisitos exigidos a las empresas concurrentes excedieron lo necesario para ofrecer el servicio solicitado, hasta el punto de que tan solo tres cumplían dichos requisitos: dos de ellas ni siquiera pertenecen al sector de las telecomunicaciones y la tercera era la que ofrecía el servicio a RTVC.
A este hecho se añaden “unos plazos de ejecución totalmente inviables para cualquier empresa, salvo que se sea la que ya está prestando el servicio”, insistió Montelongo.
Así, recordó que el plazo fijado para la adjudicación provisional fue el 15 de julio, y para poner el sistema en funcionamiento se fijo la fecha del 1 de agosto.
“Produce vergüenza ver como los canarios seguimos sufriendo los recortes en educación, servicios sociales, sanidad; y sin embargo Rivero no tiene ningún reparo en gastarse 14 millones de euros en un servicio que podría prestarse por mucho menos dinero”, remachó Martín.
González Ortiz únicamente contó durante el debate con el apoyo incondicional de la nacionalista Nuria Herrera, quien aseguró que“la oposición no busca la transparencia y la claridad sino el desgaste político”, ya que el concurso ofrecía todas las garantías legales.
No piensa lo mismo, sin embargo, el PP, pues Montelongo pidió al consejero “su anulación antes de lo obligue a hacerlo los tribunales”.