La cascada de sentencias judiciales por fraude fiscal en el que incurrieron los antiguos propietarios de los terrenos de Las Teresitas no sólo no acaba sino que se multiplica en progresión geométrica. Ahora la Audiencia Nacional (AN) ha emitido una sentencia por medio de la cual ratifica una sanción impuesta por el Tribunal Económico Administrativo de Canarias (TEAC) por valor de algo más de 11 millones de euros a uno de los antiguos administradores de la entidad Playa de Las Teresitas SA correspondiente a la liquidación del impuesto de sociedades de 1998. Ese fue el año en el que los antiguos dueños vendieron los terrenos a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) por algo más de 30 millones de euros.
De la cifra reclamada, 6,2 millones se debe al pago de tributos y 4,7 en concepto de sanción. La entidad era la mayor propietaria de los terrenos de la playa y alrededores hasta sumar un 60% de los solares vendidos. Las discrepancias de la sociedad con Hacienda obedecen al hecho de que el dinero cobrado se pagó directamente a los socios y no a la entidad, con lo cual no se llegó nunca a declarar como beneficios de Playa de Las Teresitas SA. El organismo dependiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) interpuso en el año 2007 una reclamación económica-administrativa después de haber comenzado una investigación en 2003. El primer problema al que se enfrentó el personal de la AEAT es que era imposible localizar la sede de la entidad. De estas pesquisas se detectó el impago del impuesto de sociedades correspondiente al año 1998, que fue cuando se realizó la compraventa y que ascendía en aquel entonces a 6,2 millones de euros.
De forma paralela, se siguió un expediente sancionador que sumaba 4,7 millones de euros. Transcurrido el plazo de pago voluntario para el capital principal de la deuda y para la sanción sin que nadie se hiciese cargo de ellas, el Tribunal procedió a dictar providencia de apremio, imponiendo el correspondiente recargo e iniciando la ejecución forzosa. La sociedad fue declarada insolvente y el crédito recayó en los responsables subsidiarios que pudieran existir, principalmente los miembros de la directiva, que estaba integrada también por Jerónimo Delgado y Mauricio Hayek, entre otros, imputados por apropiación indebida dentro de una de las piezas separadas del 'caso Teresitas'. En realidad el administrador ahora condenado tan sólo ocupaba el cargo de vocal al ser propietario mayoritario ya que ostentaba casi el 14% de los terrenos de la sociedad, por lo que obtuvo 4,2 millones tras la venta. Esta esta es la razón por la que la Justicia lo considera el responsable subsidiario del impago de los impuestos.
Precisamente, las investigaciones determinaron que probablemente fue Hayek quien diseñó la estrategia de proceder al reparto directo a cada uno de los miembros de su cuota de participación para que lo declararan como ingresos personales y no como beneficios de la entidad. Un paso que posteriormente la policía interpretaría como un intento de eludir las obligaciones de Hacienda por parte de Playa de Las Teresitas SA. Precisamente, el directivo ahora condenado ha apelado en su defensa la existencia de la causa penal abierta que se tramita desde el año 2006 en el juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz por las presuntas actuaciones ilícitas cometidas por los antiguos directivos que son los mismos que los de la Junta de Compensación.
Causa penal
En su defensa el antiguo administrador señala que el procedimiento de derivación de responsabilidad subisdiaria en su contra “tiene su origen en la citada operación de compraventa, siendo por tanto evidente la influencia decisiva que la causa penal tiene en la resolución del presente recurso”. Por ello, sostiene que “existen indicios suficientes para considerar a los demás miembros de la directiva como posibles responsables solidarios de la deuda tributaria que ahora se exige”. También alegó en su defensa el mal estado de salud por el que atraviesa en estos momentos, argumento que descarta la sala al indicar que no ocurría así en 1998 momento en el que se produjeron los hechos. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS). Durante el último año se han emitido ya dos fallos que no tienen posibilidad de apelación de otros tantos miembros de Playa de Las Teresitas SA a los que se les imponía la obligación de pagar 100.000 euros en un caso y 70.000 en otro, aunque en este caso el proceso es inverso. Los antiguos dueños alegaban que no declararon la venta por que lo consideraban un beneficio obtenido por la sociedad.