La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, aseguró este martes que no insularizará las políticas de empleo, cuya dimensión debe ser regional, ni va a transferir competencias a los cabildos, aunque eso no impide desarrollar “estrategias participadas” con las corporaciones insulares y locales.
“Sin entrar en una discusión de transferencias”, habrá que revisar qué aspectos pueden gestionar los cabildos y cuáles la Comunidad Autónoma, agregó Valido, partidaria de revisar cómo se ha estado trabajando en la etapa anterior para ver si se puede “trabajar en equipo, repartiendo las cartas de otra manera” y así ganar en efectividad.
Valido, que realizó estas declaraciones poco antes de reunirse con los representantes de las políticas sociales y de empleo de los cabildos, indicó que tratará de “dar respuesta” a las preocupaciones de las corporaciones insulares “sin que eso signifique que la comunidad pierda ni sus competencias ni su capacidad de coordinación” en las políticas de empleo.
Las políticas de empleo deben tener un “planteamiento regional, tienen que tener un planteamiento que garantice la igualdad de oportunidades a cada uno de los territorios”, indicó.
Defendió una “estrategia participada” entre Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, “trabajar en equipo” pero teniendo en cuenta “las singularidades” de cada territorio, porque “no tienen los mismos problemas ni las mismas oportunidades la isla de El Hierro que la de Fuerteventura” y pueden necesitar acciones diferentes.
Esta “estrategia participada” es una oportunidad y un reto “para que aquellos cabildos que más empeñados están en descentralizar puedan ver que hay otra forma de hacer las cosas que no necesariamente pasa por tener las competencias, sino por estar comunicados y trabajando en un mismo proyecto”, subrayó.
En cuanto a las políticas sociales, Cristina Valido señaló que hay una preocupación común entre los cabildos sobre la financiación de los recursos más importantes o más caros, como los vinculados a la dependencia o los relacionados con las personas más necesitadas.
Además, casi todos los cabildos están preocupados por poder contar con más plazas residenciales y con más recursos para poder construir más centros para atender a dependientes, ya que en algunas islas hay “listas de espera importantes”.
La consejera indicó que cualquier decisión sobre la política social la quiere realizar de forma consensuada con cabildos, ayuntamientos, colegios profesionales y tercer sector.
Esa misma voluntad de consenso va a mantener en la redacción final del proyecto de ley de servicios sociales, que quiere que entre en el Parlamento de Canarias para su tramitación antes del verano.
El 26 de enero concluye el plazo de alegaciones, de las que de momento se han recibido unas 300, y a partir de ahí se van a estudiar y a dialogar con sus proponentes para tratar de incorporar al proyecto todo lo que pueda mejorarlo.
Cristina Valido confía en que el proyecto de ley final pueda ser fruto de un consenso entre los grupos parlamentarios, las administraciones públicas y el tercer sector.