La denuncia original contra el director general de la Radiotelevisión Canaria, Guillermo García, por la suspensión de dos concursos del ente y la convocatoria irregular del referido a los servicios informativos de Televisión Canaria, acaba de ser ampliada por los denunciantes, tres vocales del consejo de administración del ente. Los sucesos que han rodeado la adjudicación del concurso de informativos a Videoreport son el detonante de esta ampliación de la denuncia.
A lo largo de 23 folios, los vocales Domingo González Chaparro, Miguel Guerra García de Celis y Manuel González Álvarez desgranan los acontecimientos que se sucedieron en las semanas previas a la adjudicación del llamado Lote B (servicios informativos) de la Televisión Canaria. Los denunciantes resaltan especialmente lo ocurrido en la reunión de la Junta de Accionistas de la Televisión Pública de Canarias, S.A. del 14 de junio pasado, cuando reclamaron que se suspendiera la adjudicación.
Las dudas planteadas por los tres consejeros denunciantes a los representantes de la empresa Doxa, elegida por el ente público para evaluar las tres ofertas presentadas (Videoreport, Socater y K 2000 S.A.U.- Canal Mundo Producciones), les llevaron a reclamar esa suspensión. Los técnicos de Doxa, que participaron a través de una videoconferencia que ni siquiera quedó grabada, pidieron esa semana de plazo para contestar las preguntas de los consejeros críticos, algunas de las cuáles ponían en evidencia la limpieza del concurso.
Entre otras anomalías, los consejeros denunciantes detectaron cómo a Videoreport se le puntaban aspectos que a las demás empresas concursantes se les premiaba con un cero, o se aceptaba que sólo presentara finalmente dos centros de emisiones “inexistentes” en el momento de dar comienzo el contrato cuando en su oferta incluyó cuatro.
Pero el director general de RTVC, Guillermo García, rechazó esa petición, lo que ha constituido un motivo para la ampliación de denuncia que ahora se presenta ante la Fiscalía.
Además de estas anomalías en el informa final de Doxa, los denunciantes consideran que Videoreport, la empresa elegida, incumple de modo grave varias prescripciones del pliego del concurso, como disponer de una experiencia de al menos tres años en la actividad objeto de la contratación. Videoreport vino a ampliar su objeto social a la prestación de servicios informativos el 21 de junio de 2007.
Los denunciantes también llaman la atención de la Fiscalía acerca de los contratos suscritos por importe de 1.200.000 euros entre la Televisión Canaria y la productora tinerfeña McKenzie Muzik, que a su juicio no tiene en su objeto social esta actividad ni la cualificación profesional y empresarial para realizarlos.
Para los tres consejeros, la adjudicación ya había quedado viciada desde el momento en el que el director general de RTVC dio a conocer que Videoreport iba a ser la adjudicataria de este contrato de 143 millones de euros sin haber concluido el procedimiento ni llevar el acuerdo a la ratificación de la Junta de Accionistas.
Esa precipitación de Guillermo García provocó, según el nuevo escrito de ampliación de denuncia “que las sociedades vinculadas a Videoreport Canarias, S.A., tuvieran un movimiento de compraventa de títulos extremadamente anormal. Si se analiza la evolución del movimiento bursátil experimentado por 360, propietaria del 34% de Videoreport Canarias S.A., tan sólo 24 horas antes de que él anunciara (sin que fuera cierto) a bombo y platillo la adjudicación de los informativos de la TV canaria, se observa que existió una compra de títulos fuera del tráfico ordinario de los títulos de tal compañía”.
“El lunes 26 de mayo”, prosigue la denuncia, “el grupo empresarial de referencia movió en la Bolsa casi 700.000 acciones. El lunes 16 de junio, justo el día en que Vértice comunicó a del Mercado de Valores (CNMV) que su participada había resultado adjudicataria de un contrato público de 150 millones de euros en ocho años, las acciones del grupo se revalorizaron casi un 11%, con un movimiento de títulos que no llegó al medio millón. Bastante más que su cifra habitual (en algunas jornadas apenas logra pasar de las 20.000), pero menos de las casi 700.000 del 26 de mayo. Esta anómala actuación indiscreta debería ser investigada en orden a determinar quien ha podido lucrarse de la situación descrita”, dicen los consejeros en su escrito.