El Consejo Consultivo de Canarias ha avalado el decreto ley de medidas extraordinarias sobre la Radio Televisión Autonómica (RTVC) que aprobó el pasado 28 de junio el Ejecutivo regional para prolongar la capacidad del administrador único, Francisco Moreno, para tomar decisiones de cara al funcionamiento del canal hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento, es decir, hasta que se consensúe la Junta de Control
El documento respalda la continuidad de la gestión del servicio público y de sus programas informativos en base a la decisión que adoptó el Gobierno de Canarias después de que la Junta de Control de RTVC no lograra la mayoría suficiente para lograr el aval del Pleno del Parlamento autonómico. “Se aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad que habilite la aprobación del decreto ley”, establece el dictamen.
Además, en sus conclusiones el Consejo Consultivo estima que el decreto ley se ajusta a la normativa correspondiente. En concreto, explica que las medidas incluidas en la norma se adecúan al fin que persigue, que no es otro que garantizar el servicio, son “idóneas” dadas las circunstancias y son ponderadas o equilibradas, pues su aplicación otorga beneficios o ventajas para el interés general sin que se aprecie la existencia de perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto.
Entre otras potestades, el decreto ley habilita al administrador único, durante un periodo de tres meses prorrogables, a licitar y contratar personal de forma provisional y conjunta de equipamientos que cubran las necesidades para prestar el servicio. El Consejo Consultivo recuerda que esta situación se prolonga desde junio de 2018, cuando el número de miembros del Consejo Rector era insuficiente y había una vacante en la presidencia. Por ello, se fijó un régimen temporal de asunción y ejercicio de la gestión ordinaria de RTVC y de sus sociedades por un administrador único, basado dicho régimen en la interinidad y transitoriedad de su mandato.
Ello impidió, e impide en la actualidad por la falta de consenso en el Parlamento, optar por un determinado modelo de gestión, directa, externalizada o mixta, de dichos servicios, con el consiguiente riesgo de bloqueo jurídico y fáctico de la gestión del servicio público que la conjunción de ellas conlleva. Esta situación ha provocado un evidente desgaste operativo y de desfase tecnológico de los medios existentes, al prolongarse su uso sin que se haya procedido a su renovación total o parcial. Esto puede suponer el cese o interrupción del servicio y, por ello, se justifica la habilitación del administrador único para la licitación y contratación de equipamientos tecnológicamente actualizados a fin de garantizar la continuidad de la emisión y de la prestación del servicio público esencial en condiciones de calidad técnica adecuadas.
“Entendemos que el pleno respeto a los derechos de los trabajadores que dicha situación pone en claro riesgo, determina la previsión contenida en este decreto ley, lo que nos lleva a estimar que se encuentra suficientemente justificado en mismo los motivos y la urgencia para tal habilitación. El Gobierno, de manera explícita y razonada, ha procedido a definir la situación de extraordinaria y urgente necesidad, sin que se desborden los límites de lo manifiestamente razonable y justificado, siendo necesario que tal regulación se aborde, al menos, mediante una norma con rango de ley como es el caso”, argumenta el Consultivo.
Y el decreto ley aprobado es un instrumento “constitucional y estatutariamente lícito”, para lograr el fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que asegurar que continúe el servicio puesto en riesgo por la obsolescencia de los medios técnicos y proporcionar cobertura contractual inmediata. Y, a su vez, la regularización de las condiciones laborales del personal una vez vencidos los convenios colectivos mientras permanece la situación de bloqueo.
Sin embargo, el Consejo Consultivo advierte que la regulación del decreto ley puede contribuir a normalizar la situación prolongada desde 2018 y que un órgano concebido y dotado inicialmente para ejercer su cometido por un plazo máximo de 6 meses, y cuya gestión alcanza ya casi los tres años, se convierta en un órgano indefinido.
Los candidatos a la Junta de Control son Luz Belinda Giraldo y Alfonso Campoamor (propuestos por el PSOE), Francisco Pomares y Cristina Vera (propuestos por CC), Jorge Rodríguez (por el PP), Rosi Morera (por NC) y Carmen Medina (por ASG). Nueva Canarias y Sí Podemos Canarias rechazaron que la votación se realizara a través de una lista conjunta, al considerar que se trata de un método que ''vulnera los derechos fundamentales de los diputados''. Ambos grupos políticos alzaron la voz después de que Diario de Avisos publicara que el periodista Francisco Pomares falsificó supuestamente documentos para acceder al puesto de profesor en la Universidad de La Laguna.
Se ha sometido a votación en dos ocasiones y obtuvo 33 votos a favor, 10 en contra y 26 abstenciones el pasado 26 de mayo. Ese mismo día, también se rechazó proceder a la votación de la candidatura de Francisco Moreno como nuevo director general del ente público.
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