El Consejo de Gobierno de Canarias dedicó su sesión de este martes a tratar en exclusiva la situación de la seguridad en las Islas y el “fracaso” de las políticas del Ejecutivo estatal, a cuyos responsables en el Archipiélago acusó de realizar propaganda política con datos no contrastados.
Así lo afirmó el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno autonómico, José Miguel Ruano, quien reiteró la intención del Ejecutivo de proseguir con la creación de una junta integral de seguridad y del cuerpo de la policía autonómica, cuyos primeros agentes se verán en las calles de las Islas antes de que finalice el año. En seguridad interior, consideró “especialmente grave la continua propaganda política” que emite la Delegación del Gobierno sobre datos de criminalidad, pues aseguró que los únicos objetivamente contrastado son los del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya memoria revela un incremento en las diligencias por delitos del 6,39%.
Asimismo, criticó que los nuevos catálogos de la Policía Nacional y la Guardia Civil prevean unas 1.700 nuevas plazas cuando aún hay casi 1.500 puestos sin cubrir del catálogo anterior, sobre todo en las categorías más altas, lo que se suma a que no hay agentes adscritos a los centros de retención de inmigrantes ni se tiene en cuenta los puertos y aeropuertos.
Inmigración irregular y terrorismo
En materia de seguridad exterior, consideró imprescindible que el Gobierno central desarrolle servicios de inteligencia en el área africana próxima a Canarias para afrontar la inmigración irregular y el terrorismo, que ha obligado a suspender el rally Lisboa-Dakar.
Criticó que el Gobierno socialista no haya emprendido medidas legislativas para paliar la inmigración, si bien reconoció que de 2006 a 2007 la inmigración descendió más de la mitad, aunque aún no ha llegado a los niveles de 2002, y aseguró que España está “más sola que nunca” en el esfuerzo por potenciar la agencia vigilancia fronteriza marítima Frontex. Por todo ello, además de exigir al Gobierno estatal el cumplimiento de sus compromisos, el Ejecutivo canario quiere colaborar a la seguridad isleña con sus medios y sus recursos, algo que no entiende por qué “molesta tanto”.
El consejero, que recordó que el proyecto de ley para crear la junta de seguridad y la nueva policía -que tendrá 300 agentes y contará con 17 millones de euros en tres años-, será debatido en el Parlamento regional a final de mes, pidió que los representantes del Ejecutivo central dejen de lado los “triunfalismos” y “maquillajes” y aborden sus responsabilidades en las Islas con seriedad.
“Todo tipo de casos en todos los órdenes”
Así, el sistema de seguridad canario debe ser potenciado tanto en prevención como en neutralización e investigación.
Para contribuir a una mayor prevención se aumentarán los medios y formación de las policías locales con cursos que pasarán de 600 a 850 horas y en el futuro a 1.200. La neutralización, es decir en la acción policial en el momento en que se produce el delito, será fortalecida con la policía canaria, mientras que la investigación para capturar a los autores de los delitos debe ser potenciada con más guardias civiles y policías nacionales.
“Mientras se siga negando la capacidad de crear un sistema integrado de seguridad pública en el Archipiélago seguiremos padeciendo todo tipo de casos en todos los órdenes”, aseveró Ruano, quien pidió no relacionar la postura del Gobierno canario con casos concretos investigados estos días como el intento de rapto de menores. La seguridad en Canarias, concluyó, es “necesariamente mejorable”.