No sólo hubo una amnistía general de multas a empresas por “carencia de personal” durante el mandato de Luis Soria López (PP) en la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno canario. La Dirección General de Consumo, nada más decretar el 29 de marzo de 2004 el archivo de 835 actas de inspección positivas pendientes sólo de instruir sus correspondientes sanciones, decidió no remitir a la Recaudación Ejecutiva de la Consejería de Economía y Hacienda otros 713 expedientes sancionadores firmes.
La documentación oficial de la etapa de Concepción González Pérez (PP) en Consumo a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA corrobora las sospechas de un presunto fraude masivo a las arcas públicas lanzadas por el PSC-PSOE hace unas semanas, por medio de su portavoz parlamentario, Santiago Pérez.
Si entre junio y diciembre de 2003 se levantaron 835 actas de inspección con resultado positivo -comprobada alguna infracción a la Ley en las empresas visitadas por los inspectores-, de enero de 2004 a diciembre de 2005 la actividad del Servicio de Inspección alcanzó en la provincia de Las Palmas las 2.870 actas.Y de ellas, sólo 713 se convirtieron en sanciones firmes por parte del Servicio de Instrucción.
Sin embargo, estas multas listas para cobrar nunca salieron de la Dirección General. En concreto, se trata de 366 expedientes de 2004 y de otros 347 en 2005, registrados con la numeración 35 / 01 /2004 al 35 / 366 / 2004 y 35 /01 / 2005 al 35 / 347 / 2005.
Fuentes consultadas por este diario han explicado que todo el procedimiento habitual estaba en estos casos concluidos, desde la Inspección hasta la Instrucción que determina la cuantía de las multas, la mayoría calificadas de carácter leve, a las cuales correspondería aplicar entre 600 y 3.000 euros de sanción. Sólo quedaba un último paso telemático: con la resolución final en la mano, introducir en un programa la cantidad de euros a cobrar en cada expediente y remitirlo a la Recaudación Ejecutiva. Nunca se hizo.
En este caso concreto de 713 sanciones firmes de 2004 y 2005, las arcas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias habrían dejado de ingresar en sólo 24 meses un mínimo de 500.000 euros si todas las cuantías de las multas fueran del mínimo de 600 euros. La cifra es, sin embargo, muy superior, al contabilizarse sanciones de mayor cantidad que el mínimo de la infracción leve, e incluso haber alguna de ellas superiores a 3.000 euros, calificadas como graves, cuya baremo llega hasta los 12.000 euros.
El PSC-PSOE cifró en su denuncia ante los medios de comunicación el agujero abierto en Consumo por este procedimiento irregular en unos seis millones de euros. Las fuentes consultadas por CANARIAS AHORA elevan la cantidad incluso al triple en un periodo de dejación de funciones que abarcaría al menos desde 2003 hasta la actualidad. Y exclusivamente en la provincia de Las Palmas.